Será el próximo 5 de agosto cuando la Suprema Corte de Justicia defina si el Congreso local pueda sancionar o no al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón y al Secretario de Gobierno, Manuel González, por la recolección de las ‘bronco-firmas’.
Hay que recordar que el expediente de la controversia constitucional fue aplazado el pasado 15 de julio por existir aún diferencias entre los ministros que analizan el caso.
En caso de encontrar responsabilidades, el dictamen sería enviado a la Suprema Corte y al Congreso para que se castigue a Rodríguez Calderón y Manuel González.
Cabe recordar que la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló que los dos funcionarios estatales deben ser sancionados luego de que quedó comprobado que al menos 571 burócratas recabaron firmas de apoyo en su horario laboral.
Redacción/ El Nacional
