El gobierno de Donald Trump ha modificado su estrategia migratoria hacia un enfoque menos visible pero más amplio, al implementar medidas que buscan restringir el acceso de migrantes indocumentados a empleo, vivienda, educación y servicios de salud en Estados Unidos.
Este cambio ocurre en medio de críticas por redadas y detenciones masivas, en las que se reporta un promedio de hasta mil arrestos diarios. De acuerdo con datos presentados al Congreso, durante 2025 se registró un promedio mensual de 36 mil deportaciones, mientras que cerca de 60 mil migrantes permanecieron en centros de detención en los primeros meses del año, un aumento considerable respecto a 2024.
La administración ha sostenido que avanza en su meta de expulsar a más de un millón de personas al año, al asegurar que cientos de miles han optado por la “autodeportación” ante el endurecimiento del entorno. Sin embargo, la falta de reportes oficiales periódicos ha impedido corroborar estas cifras de manera independiente.
Un informe de CNN reveló que apenas 72 mil migrantes han notificado formalmente su intención de abandonar el país bajo este esquema, lo que ha generado dudas sobre la efectividad real de esta política.
Detrás de esta estrategia se encuentra el asesor Stephen Miller, quien ha impulsado acciones para acelerar las deportaciones, incluyendo presión directa sobre jueces migratorios y el despido de más de 100 funcionarios que no cumplían con los objetivos establecidos.
Además, el gobierno ha comenzado a aplicar medidas administrativas que impactan la vida cotidiana de los migrantes, como restricciones en vivienda pública, retiro de licencias, limitaciones a créditos y propuestas para excluir a estudiantes indocumentados del sistema educativo, en lo que analistas describen como una fase más silenciosa pero más extensa de la política migratoria.
