Luego de casi tres años de investigación, se determinó que una niña recién nacida falleció por negligencia de 9 médicos en el Hospital Rural de Oportunidades en Bochil, Chiapas, dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La CNDH señaló a una pasante de medicina y a un residente del IMSS de retrasar la cesárea de una mujer en trabajo de parto, lo que resultó en la muerte de la recién nacida.
Exactamente un 26 de diciembre de 2013, Gabriela Jaqueline de 21 años acudió al hospital con 40 semanas de gestación, donde le diagnosticaron una ruptura temprana de membrana.
Ella llegó al hospital a las 05:00 de la madrugada, momento en que fue recibida por un médico de plana, el cual, después de una valoración superficial, la dejo encomendada a un médico practicante, es decir, un alumno en formación.
El pasante la revisó en varias ocasiones desde la hora en que llegó hasta las 22:00 horas de ese mismo día y, aunque la mujer le dijo que el bebé sufría y que ella sentía fuerte dolor, no procedió a realizar la cesárea.
“El médico que me atendió no era ni ginecólogo –denunció Gabriela en 2013, a través de redes sociales– era un médico general pasante, y no me quiso atender a la hora. Yo le decía que mi bebé ya iba a nacer y él me contestó de manera grosera que, si podía, lo tuviera sola.”
Tras analizar el expediente médico integrado por el personal del IMSS, estudios básicos como “ultrasonidos obstétricos” no fueron llevados a cabo. De haber realizado este procedimiento, el personal médico del IMSS habría podido detectar que la bebé tenía el cordón umbilical enredado en el cuello y que eso era lo que impedía su alumbramiento.
El ultrasonido obstétrico habría podido alertar también sobre la disminución del líquido amniótico que presentaba Gabriela hasta niveles que, según los médicos expertos de la CNDH, son indicativos de sufrimiento fetal.
La niña nació en la madrugada del 27 de diciembre y permaneció hospitalizada por un presunto infarto al nacer. Ese mismo día falleció por “choque cardiogénico, insuficiencia renal e hipertensión.
La culpa, según los médicos del IMSS, fue de Gabriela, y alegaron “falta de colaboración de la paciente, que no pujaba”.
Luego de estudiar el caso, el IMSS determinó que su personal actuó correctamente y que no había ninguna responsabilidad en la muerte de la menor.
Finalmente, fue la CNDH, tras analizar los expedientes médicos e informes oficiales relacionados con este caso, concluyó que nueve médicos del IMSS, incluidos los directivos del Hospital Reginal 8 de Bochil, así como los practicantes y residentes involucrados, violaron distintos derechos de Gabriela.
Según la CNDH, el IMSS y sus médicos violaron el derecho de Gabriela a la protección a la salud (en su modalidad de derecho a la libertad y autonomía reproductiva, así como el derecho a la información en salud); su derecho a una vida libre de violencia de género (en este caso violencia obstétrica); así como su derecho a la integridad personal y al trato digno.
Asimismo, en el caso del bebé de Gabriela, la CNDH concluyó que el IMSS y sus médicos violaron su derecho a la vida.
Por estas razones, la CNDH anunció que promoverá una nueva investigación administrativa al interior del IMSS en contra del personal involucrado en los hechos que derivaron en la muerte del bebé recién nacida de Gabriela Jaqueline.
