
“La ilegalidad no puede combatirse con ilegalidad, no podemos permitir que en estos supuestos indebidamente se identifique la defensa de la aplicación de la ley y el respeto a la dignidad humana con la protección de delincuentes”, recalcó el Ombudsman.


“Desconociendo el mandato constitucional que expresamente prohíbe del que se ejerza justicia por su propia mano, la solución a nuestra problemática de inseguridad no puede pasar tampoco por propiciar que nuestra sociedad se arme y aceptar que se dejen de lado las vías institucionales para resolver la misma”, dijo González Pérez
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