La Cámara de Diputados discutirá una reforma constitucional que busca combatir lo que especialistas califican como “impunidad institucional” en los casos de feminicidio, derivada de la falta de criterios uniformes en el país.
El dictamen, elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales, plantea modificar el artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso a emitir una ley general que homologue el tipo penal de feminicidio, así como sus sanciones y agravantes.
De acuerdo con el documento, actualmente existen 32 definiciones distintas del delito —una por cada entidad federativa— además del tipo penal federal, lo que genera diferencias significativas en la forma en que se investiga y sanciona este crimen.
Las penas también varían considerablemente: van desde los 20 hasta los 50 años de prisión en algunos estados, mientras que en entidades como Chiapas pueden alcanzar hasta 100 años, e incluso cadena perpetua en el Estado de México.
Para la comisión legislativa, esta disparidad provoca una “impunidad territorial”, en la que el acceso a la justicia depende del lugar donde se comete el delito, lo que debilita la respuesta del Estado frente a la violencia de género.
El dictamen subraya que la violencia feminicida no es un hecho aislado, sino el resultado de una escalada que inicia con agresiones psicológicas, físicas o sexuales, y que puede culminar en la privación de la vida por razones de género.
