Pese a los esfuerzos emprendidos por los gobiernos estatal y federal, la contaminación asociada con la refinería de Cadereyta permanece como uno de los problemas ambientales.
Durante los últimos años se han creado programas, organismos, consejos y mecanismos de coordinación para reducir las emisiones contaminantes que afectan al Área Metropolitana de Monterrey.
Sin embargo, la refinería de Cadereyta continúa bajo señalamientos por sus emisiones, mientras las autoridades mantienen la exigencia de revisar los procesos realizados.
El caso volvió a cobrar relevancia durante agosto, cuando cientos de habitantes reportaron olores desagradables descritos como azufre, gas o incluso similares a orina de gato.
Después de varios días de reportes ciudadanos, la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León informó que los indicios apuntaban hacia procesos de refinación.
El titular de la dependencia, Raúl Lozano Caballero, explicó que los recorridos y análisis meteorológicos permitieron identificar una posible trayectoria desde Cadereyta hacia municipios metropolitanos.
Según la autoridad estatal, el análisis consideró factores como dirección y velocidad del viento, estabilidad atmosférica y trayectoria de dispersión de la pluma contaminante.
El martes 25 de agosto, las autoridades observaron el desplazamiento desde Cadereyta hacia Juárez, Guadalupe, Monterrey, Escobedo y finalmente García.
La concentración de reportes ciudadanos coincidió con varios de esos municipios, aunque la Secretaría señaló que continuaban los trabajos para obtener una conclusión técnica definitiva.
Los nuevos señalamientos ocurren después de una serie de medidas gubernamentales que buscaban enfrentar la contaminación atmosférica en Nuevo León.
El 29 de abril de 2023, el Gobierno estatal creó la Agencia de la Calidad del Aire, órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente.
La agencia recibió atribuciones para sancionar a empresas contaminantes, incluidas aquellas sujetas a regulación federal, como ocurre con instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos.
En aquella presentación, el gobernador Samuel García aseguró que el nuevo organismo tendría facultades suficientes para actuar contra empresas que contaminaran.
Sin embargo, la refinería de Cadereyta permaneció operando y los señalamientos relacionados con sus emisiones continuaron durante los años siguientes.
Paralelamente, el Gobierno estatal impulsó el Programa Integral de Gestión de la Calidad del Aire, conocido como Pigeca.
El programa planteó una estrategia de reducción de emisiones mediante coordinación entre autoridades, empresas, especialistas, universidades, organizaciones civiles y representantes ciudadanos.
Dentro de este esquema también se estableció un Consejo Rector encargado de generar procesos de relación, asesoría y articulación técnica y política.
El consejo incorporó representantes de Semarnat, autoridades federales, Gobierno estatal, municipios metropolitanos, universidades, investigadores, organizaciones civiles y distintos sectores productivos.
Además, se contemplaron mesas de Asesoría Científica, Ciudadanía, Salud y Calidad del Aire, junto con mecanismos operativos y de comunicación pública.
Pese a esta estructura institucional, la refinería de Cadereyta continuó formando parte de los señalamientos relacionados con las emisiones contaminantes.
El propio Pigeca identifica al dióxido de azufre como uno de los contaminantes relacionados directamente con las emisiones provenientes de la instalación ubicada en Cadereyta.
De acuerdo con los datos difundidos sobre el programa, la refinería representa aproximadamente 96 por ciento de las emisiones de dióxido de azufre.
Las concentraciones más elevadas también se registran en estaciones ubicadas hacia el sureste del Área Metropolitana de Monterrey.
Entre ellas se encuentra la estación SE3 de Cadereyta y la estación SE2 localizada en Juárez, cuyos registros reflejan la influencia de la instalación industrial.
El impacto no permanece necesariamente concentrado en Cadereyta, debido a que las condiciones meteorológicas pueden favorecer el desplazamiento de contaminantes hacia otros municipios.
El problema aumenta durante determinados días del año, cuando la estabilidad atmosférica limita la dispersión de las emisiones.
Información previamente difundida por autoridades ambientales también identificó a las fuentes federales como responsables de una parte importante de las emisiones contaminantes.
En el caso específico del dióxido de azufre, datos publicados en 2024 señalaron la participación de la refinería en 96 por ciento.
Los intentos por contener la contaminación no terminaron con la creación de organismos o programas ambientales.
En enero de 2024, el Gobierno de Nuevo León y ciudadanos presentaron una denuncia penal contra la refinería “Ing. Héctor R. Lara Sosa”.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República por presuntos delitos relacionados con contaminación ambiental y afectaciones contra la salud.
A pesar de aquella acción legal, las emisiones señaladas por autoridades y habitantes continuaron formando parte de la problemática ambiental metropolitana.
La situación volvió a quedar expuesta durante agosto, cuando los reportes ciudadanos por malos olores se multiplicaron en distintos puntos del Área Metropolitana de Monterrey.
El Gobierno estatal terminó atribuyendo preliminarmente los olores a procesos de refinación de hidrocarburos de la refinería de Cadereyta.
Raúl Lozano señaló que la instalación corresponde al ámbito federal, por lo que anunció un exhorto ante Pemex, Semarnat, ASEA y el Gobierno Federal.
El funcionario sostuvo que es necesario revisar lo que ocurre dentro de la planta, determinar las causas de las emisiones y establecer medidas correctivas.
La Secretaría de Medio Ambiente estatal informó que mantendría los recorridos y el monitoreo para alcanzar una conclusión técnica definitiva.
La historia de la refinería de Cadereyta muestra una sucesión de mecanismos institucionales que no han conseguido resolver definitivamente el problema ambiental.
Primero fueron los programas de gestión de calidad del aire; después llegaron organismos especializados, consejos rectores, mesas técnicas y mecanismos de coordinación.
También hubo compromisos de reducción de emisiones, participación de especialistas internacionales y finalmente una denuncia penal contra la instalación petrolera.
Aun así, la contaminación continúa generando reclamos ciudadanos y exigencias para que las autoridades federales intervengan directamente.
El episodio más reciente volvió a colocar a la refinería de Cadereyta en el centro de la discusión ambiental.
Mientras el Gobierno estatal asegura estar realizando su parte, permanece pendiente conocer qué acciones concretas adoptará Petróleos Mexicanos para evitar nuevas emisiones.
También falta determinar si las autoridades federales realizarán inspecciones, establecerán medidas correctivas o aplicarán sanciones derivadas de los episodios reportados.
Por ahora, la problemática sigue abierta y los habitantes del Área Metropolitana permanecen expuestos a episodios de contaminación cuya atención depende de la coordinación entre autoridades estatales y federales.
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Redacción/El Nacional
Monterrey y Área Metropolitana, Nuevo León, México
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