El Congreso de Nuevo León inicia este martes su último año de sesiones con aproximadamente 2 mil 300 expedientes rezagados y varios asuntos relevantes todavía pendientes.
A este escenario se suma la falta de consenso sobre el Presupuesto 2027 y el interés electoral de al menos 16 legisladores locales.

De acuerdo con información periodística, diferentes reformas permanecen detenidas desde el inicio de la actual Legislatura, que comenzó funciones en 2024.
Entre los asuntos pendientes se encuentra la reforma en materia de transparencia que contempla desaparecer a InfoNL, proceso que organizaciones civiles han pedido acelerar.
También permanece sin definición la reforma judicial, pese a que las Comisiones Legislativas han realizado mesas de trabajo para analizar sus alcances.
El propio Poder Judicial y representantes empresariales han solicitado que el Congreso de Nuevo León avance con mayor rapidez en esta modificación.
La reforma permitiría elegir mediante voto popular a jueces y magistrados del estado durante junio de 2028.
Sin embargo, todavía falta establecer cuál será el mecanismo para seleccionar a las personas que podrán competir por esos cargos.
Otro asunto pendiente es la Ley de Coordinación Metropolitana, cuya propuesta fue presentada por organizaciones apartidistas durante el inicio del último año legislativo.
A la lista se agregan reformas contra el despojo de inmuebles, modificaciones a la Ley de Notariado y disposiciones para prevenir la violencia contra las mujeres.
Estos asuntos forman parte de los expedientes que la actual Legislatura arrastra desde su instalación en 2024, de acuerdo con el recuento periodístico consultado.
El mayor número de expedientes pendientes se concentra en distintas comisiones del Congreso de Nuevo León, particularmente aquellas relacionadas con asuntos financieros, legislativos y de justicia.
La Comisión de Hacienda del Estado encabeza el listado con 441 asuntos pendientes, seguida por Legislación, que acumula 277 expedientes.
La Comisión de Justicia registra 208 asuntos rezagados, mientras que Salud tiene 149 pendientes dentro del periodo correspondiente.
Medio Ambiente y Anticorrupción aparecen posteriormente, con 139 expedientes pendientes cada una, según el recuento periodístico.
Pese al volumen de asuntos acumulados, Legislación y Justicia se encuentran entre las comisiones con mayor actividad durante la actual Legislatura.
Ambas han celebrado más de 11 sesiones y acumulan 17 temas aprobados, aunque todavía mantienen un número considerable de expedientes pendientes.
El Congreso de Nuevo León deberá determinar cuáles de estos asuntos tendrán prioridad durante el último año de sesiones.
La cantidad de expedientes representa uno de los principales retos para los legisladores, debido al tiempo disponible antes del cierre de la Legislatura.
A la carga legislativa se incorporarán además los temas relacionados con el proceso electoral de 2027 y la discusión del presupuesto estatal.
La actividad parlamentaria podría incrementarse durante los siguientes meses, especialmente cuando comiencen a definirse las prioridades políticas de los diferentes grupos legislativos.
La distribución de los pendientes entre las comisiones también será determinante para establecer la velocidad con que puedan avanzar las reformas.
Además del rezago legislativo, el Congreso de Nuevo León deberá enfrentar durante los próximos meses la discusión relacionada con el Presupuesto 2027.
Antes de iniciar formalmente el análisis presupuestal, el Ejecutivo estatal deberá enviar su propuesta para designar a Ulises Carlín como tesorero.
Carlín actualmente se desempeña como encargado de Despacho, por lo que su eventual designación deberá pasar por el procedimiento correspondiente ante el Poder Legislativo.
Posteriormente, los diputados comenzarán con la revisión de la propuesta presupuestal para el próximo ejercicio fiscal.
El proceso ocurrirá después de que los legisladores analicen el Informe de Gobierno que enviará el gobernador Samuel García.
De acuerdo con lo informado por el mandatario, el documento será entregado al Congreso de Nuevo León el próximo 15 de octubre.
Octubre también marcará el inicio del año electoral 2026-2027, situación que agregará presión política a las actividades de los legisladores.
El análisis del informe estatal será uno de los primeros asuntos relevantes que deberá atender el Poder Legislativo durante ese periodo.
Después de esa revisión, el presupuesto ocupará buena parte de la agenda parlamentaria, en un escenario donde todavía no existe consenso.
La discusión presupuestal podría convertirse en uno de los principales puntos de negociación entre las diferentes bancadas representadas en el Congreso.
Los legisladores deberán combinar esa responsabilidad con la atención de las reformas que permanecen pendientes desde años anteriores.
El Congreso de Nuevo León tendrá así una agenda marcada por asuntos financieros, reformas estructurales y la proximidad del proceso electoral.
La capacidad de construir acuerdos será determinante para evitar que aumente todavía más el número de expedientes sin resolver.
A los pendientes legislativos se suma otro factor que podría modificar la composición del Congreso de Nuevo León durante el último tramo de la Legislatura.
Al menos 16 diputados locales son perfilados para buscar una reelección o alguna candidatura a alcaldías o distritos federales durante el proceso electoral.
Estas aspiraciones todavía dependerán de las reglas que establezcan los partidos políticos y de las convocatorias correspondientes.
En caso de abandonar sus curules, los espacios serían ocupados por los respectivos suplentes para completar el cierre de la Legislatura 77.
En el PAN, el coordinador Carlos de la Fuente aparece entre los perfiles que podrían buscar la alcaldía de San Nicolás o reelegirse.
Itzel Castillo es señalada como posible aspirante a Guadalupe, mientras Miguel Lechuga aparece relacionado con una eventual candidatura en Santa Catarina.
Ignacio Castellanos podría buscar nuevamente la alcaldía de Agualeguas, mientras Myrna Grimaldo participa internamente por una posible candidatura en Monterrey.
Dentro del PRI, Heriberto Treviño tiene la posibilidad de buscar la reelección, aunque también aparece como posible aspirante a la alcaldía de Juárez.
Lorena de la Garza participa internamente en el PRI y PAN para buscar una candidatura por Monterrey, mientras Javier Caballero podría reelegirse.
En Morena, Tomás Montoya y Berenice Martínez aparecen como posibles perfiles para Guadalupe, dependiendo de la definición de género que establezca el partido.
Anylú Hernández aparece como posible aspirante en Escobedo, mientras Mario Soto es mencionado como eventual candidato en García si mantiene esa intención.
Movimiento Ciudadano también cuenta con legisladores perfilados para competir por diferentes municipios durante el proceso electoral de 2027.
Entre esos perfiles se encuentran Baltazar Martínez para Pesquería, Melisa Peña para Salinas Victoria y Armando Víctor Gutiérrez para Ciénega de Flores.
Marisol González también aparece entre los nombres relacionados con una posible candidatura por Santa Catarina, aunque las decisiones dependerán de cada partido.
El inicio del último año legislativo coloca al Congreso de Nuevo León ante una agenda particularmente amplia y con poco margen para postergar decisiones.
Los 2 mil 300 expedientes pendientes representan una carga significativa para una Legislatura que deberá concluir sus trabajos durante los próximos meses.
Entre los asuntos más relevantes se encuentran reformas relacionadas con transparencia, justicia, coordinación metropolitana, notariado, seguridad patrimonial y violencia contra las mujeres.
La reforma judicial destaca debido a sus implicaciones para la elección de jueces y magistrados mediante voto popular en 2028.
Sin embargo, todavía falta definir el mecanismo mediante el cual serán seleccionadas las personas candidatas para participar en esa elección.
El Congreso de Nuevo León deberá avanzar también en la discusión de la Ley de Coordinación Metropolitana, propuesta que organizaciones apartidistas colocaron nuevamente sobre la agenda.
La reforma de transparencia para desaparecer InfoNL constituye otro de los temas que organizaciones civiles han pedido acelerar.
A estos asuntos se sumarán el análisis del Informe de Gobierno y posteriormente la discusión del Presupuesto 2027.
El calendario legislativo coincidirá además con el comienzo del año electoral, cuando varios diputados comenzarán a definir públicamente sus aspiraciones políticas.
La posible salida de 16 legisladores podría modificar la integración de las bancadas durante la parte final de la Legislatura.
Los suplentes tendrían que asumir las curules correspondientes en caso de que los titulares abandonen sus cargos para competir por alguna candidatura.
El Congreso de Nuevo León enfrentará entonces un doble desafío: resolver el mayor número posible de pendientes y mantener la actividad legislativa.
La proximidad de las elecciones podría incrementar las negociaciones políticas entre partidos y modificar las prioridades de algunos legisladores.
El volumen de expedientes pendientes obligará a las comisiones a establecer prioridades y acelerar los asuntos que consideren de mayor relevancia.
Hacienda del Estado, Legislación, Justicia, Salud, Medio Ambiente y Anticorrupción concentran una parte importante de los asuntos que todavía requieren atención.
La productividad de estas comisiones será determinante para conocer cuánto del rezago podrá reducirse antes de que concluya la Legislatura.
Durante los siguientes meses, los diputados locales deberán combinar sus responsabilidades parlamentarias con las definiciones internas de sus respectivos partidos.
El Congreso de Nuevo León comenzará así su último año de sesiones en un escenario donde las decisiones legislativas estarán acompañadas por cálculos electorales.
Las candidaturas para alcaldías y distritos federales todavía no están definidas, por lo que los nombres mencionados representan perfiles que podrían competir.
La selección final dependerá de las reglas electorales, las convocatorias partidistas y los acuerdos internos que se alcancen durante los próximos meses.
Mientras tanto, los legisladores deberán atender los expedientes que permanecen en las comisiones y participar en las discusiones presupuestales.
El reto será evitar que las aspiraciones personales terminen desplazando los asuntos que permanecen pendientes desde el inicio de la Legislatura.
El Congreso de Nuevo León también deberá responder a las exigencias de organizaciones civiles, empresarios y autoridades que han solicitado avances en distintas reformas.
La reforma judicial será particularmente relevante debido al calendario establecido para la elección popular de jueces y magistrados.
El presupuesto estatal representará otro momento clave para conocer el nivel de acuerdos que pueden alcanzar las diferentes fuerzas políticas.
La entrega del Informe de Gobierno el 15 de octubre marcará el inicio de una etapa de mayor actividad legislativa.
Después comenzará la revisión presupuestal, mientras las bancadas tendrán que definir posiciones frente a las propuestas del Ejecutivo estatal.
El Congreso de Nuevo León llega así al último año de la Legislatura 77 con una agenda extensa y múltiples asuntos pendientes.
La reducción del rezago dependerá de la capacidad de las comisiones para dictaminar expedientes y de los acuerdos que logren construir las bancadas.
Al mismo tiempo, la cercanía de las elecciones de 2027 podría modificar las prioridades de algunos legisladores.
Con más de 2 mil expedientes pendientes, el Presupuesto 2027 en puerta y al menos 16 diputados perfilados electoralmente, comienza una etapa decisiva.
El Congreso de Nuevo León tendrá durante este último año la responsabilidad de definir qué reformas avanzan y cuáles quedarán pendientes para la siguiente Legislatura.
La combinación entre rezago, presupuesto y aspiraciones electorales marcará la agenda política del Poder Legislativo estatal durante los próximos meses.
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Redacción/El Nacional
Monterrey y Área Metropolitana, Nuevo León, México
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