Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoció fallas en sus protocolos de operación tras el derrame de hidrocarburo registrado el pasado 6 de febrero en aguas del Golfo de México, incidente que derivó en la separación de tres funcionarios y en la apertura de una investigación para deslindar responsabilidades.
El evento tuvo su origen en una fuga detectada en un oleoducto de 36 pulgadas ubicado en el complejo Abkatún-Pol-Chuc, uno de los principales activos de producción en la Sonda de Campeche. Aunque inicialmente fue clasificado como un incidente menor, con el paso de los días se evidenciaron deficiencias en la respuesta operativa y en la cadena de comunicación interna.
El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, admitió que los protocolos no se activaron de manera oportuna, lo que retrasó la contención del derrame y la atención integral de la contingencia.
“Algo falló en los protocolos”, señaló el funcionario, quien confirmó que se realiza una revisión exhaustiva de los procesos de monitoreo, reacción y control en instalaciones petroleras.
Como parte de las acciones posteriores, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de determinar posibles omisiones o negligencia.
En paralelo, tres funcionarios vinculados con áreas de seguridad ambiental y manejo de emergencias fueron separados de sus cargos mientras avanzan las investigaciones.
En el ámbito ambiental, si bien no se ha reportado una mortandad masiva de especies, se confirmó la atención de 13 tortugas marinas afectadas por hidrocarburos, de las cuales 12 murieron, lo que evidencia impactos puntuales en la fauna.
Actualmente continúan las labores de monitoreo, limpieza y contención en la zona, mientras autoridades y especialistas evalúan los daños a mediano y largo plazo.
El caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer los controles operativos en la industria petrolera, particularmente en instalaciones marinas de alta producción.
