Francia interceptó en aguas del océano Atlántico un petrolero vinculado a la denominada “flota en la sombra” rusa, una red de embarcaciones señalada por gobiernos occidentales de transportar petróleo ruso mediante mecanismos destinados a evadir sanciones internacionales.
La operación fue realizada por la Marina francesa con apoyo de aliados internacionales y bajo las normas del derecho marítimo internacional. El presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó la intervención y destacó la cooperación con Reino Unido para supervisar actividades marítimas consideradas de riesgo.
La embarcación identificada como Tagor navegaba desde el puerto ruso de Múrmansk con destino a Limbe, Camerún. Sin embargo, las autoridades detectaron posibles inconsistencias en la documentación y en la bandera utilizada por el buque, situación que motivó una inspección en alta mar.
Según la Prefectura Marítima del Atlántico, el petrolero fue interceptado a más de 400 millas náuticas al oeste de Bretaña. Las sospechas se centraron en la posible utilización irregular de una bandera camerunesa, lo que permitió a las autoridades francesas realizar el abordaje conforme a la Convención de Montego Bay sobre el Derecho del Mar.
Durante la operación, el capitán de nacionalidad rusa habría rechazado varias instrucciones emitidas por los militares franceses, por lo que las fuerzas navales tomaron el control temporal de la embarcación para continuar con las verificaciones correspondientes.
Tras la revisión de documentos, la Fiscalía de Brest abrió una investigación penal por presuntas irregularidades relacionadas con la bandera utilizada y por la negativa a obedecer órdenes de las autoridades marítimas.
El buque transporta una tripulación de 23 personas y permanece bajo escolta mientras es trasladado a una zona de fondeo donde continuarán las inspecciones. Las autoridades estiman que el proceso podría extenderse entre 24 y 48 horas.
Francia señaló que se trata del tercer petrolero vinculado a la “flota en la sombra” rusa interceptado durante 2026. Las autoridades consideran que estas embarcaciones representan riesgos para la seguridad marítima y podrían contribuir a la evasión de restricciones económicas impuestas por Occidente tras la invasión rusa de Ucrania.
