La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó, a través de una carpeta de investigación, que tiene identificados a 12 médicos presuntamente involucrados en una red de alteración de más de 800 actas de defunción para ocultar casos de COVID-19.
La Fiscalía capitalina indicó solo el primer nombre de los implicados, para proteger su identidad, y señaló que están imputados por el delito de falsificación o alteración y uso indebido de documentos.
Las autoridades descubrieron que fueron robadas a la Agencia de Protección Sanitaria al menos mil folios para emitir los certificados de defunción alterados.
El 19 mayo, señala la investigación, se detectó un incremento anormal en el expedición diaria de certificados de defunción.
Algunas funerarias habrían pagado entre mil y hasta cinco mil pesos por un acta alterada, señala Fiscalía capitalina. Dicha cantidad de dinero era cobrada a los familiares de las víctimas de COVID-19.
El objetivo de esta acción ilegal era que la familia pudiera obtener el cuerpo lo más pronto posible y poder velarlo, aunque se tratara de un caso de muerte por COVID-19.