En el Diario Oficial de la Federación (DOF) fue publicado el decreto por el cual se cambia el nombre al Instituto de Administración de Bienes y Activos (antes Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, SAE) por el de Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
El decreto establece que “todas las referencias que hagan mención al Instituto de Administración de Bienes y Activos en la normatividad vigente, se entenderán realizadas al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado”.
A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda informó que esta modificación tiene un gran valor simbólico para la sociedad y el gobierno mexicano, pues está acorde con los principales objetivos de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador: combatir a la corrupción, impulsar la transparencia e implementar una política social en beneficio de los más necesitados del país.
La nueva política gubernamental de este Instituto contribuirá a la misión permanente de ofrecer a la ciudadanía, a través de procesos comerciales, la posibilidad de adquirir bienes de particulares (incluidos servidores públicos actuales y exservidores públicos) que fueron obtenidos mediante actividades ilícitas.
El comunicado señala que los recursos que se generan son destinados para el beneficio de la sociedad, a través de obras, becas y bienes específicos, especialmente para comunidades de muy alta y alta marginación.
El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado también tendrá la función de monetizar los bienes transferidos a él como asegurados por parte de la Fiscalía General de la República, a fin de reducir costos con cargo a recursos públicos, con excepción de lo que sean objeto de prueba.
Asimismo, se plantea la creación de un Fondo de Reserva para resarcimientos ordenados por la autoridad judicial por afectaciones a particulares.
Este Instituto seguirá siendo un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y continuará con las actividades de desincorporación, liquidación o extinción de bienes, activos o empresas que previamente habían realizado sus antecedentes institucionales.
