El presidente Enrique Peña Nieto ha utilizado la figura legal de los decretos para modificar el estatuto de las vedas existentes sobre 40 por ciento de las cuencas del país, que contienen un 55 por ciento de las aguas superficiales de la nación.
Dichos decretos autorizaron la eliminación de la prohibición que había para la entrega de permisos de extradición de agua en esas cuencas.
Peña Nieto anuncio la firma de diez decretos que modifican el estatus de veda que se encontraba sobre 300 cuencas hidrológicas de las 756 existentes en el país.
Los decretos dan pie para que 55 por ciento del agua se utilice para fines lucrativos, ya sea siendo privatizada directamente en el manejo del agua por organismos operadores empresariales, municipales o dando concesiones de agua para las empresas extractivas del país.
Comúnmente y como sucede en estos casos, las comunidades indígenas o agrarias son despojadas del agua y pronto se ven desprotegidos frente a los gigantes empresariales.
Los decretos del Ejecutivo Federal favorecen los trasvases de agua a gran escala que están diseñados por varios mega proyectos hidráulicos y son unos de los casos más evidentes en cuanto a despojos de bienes comunes.
Redacción/El Nacional
