Redacción/El Nacional

Por el delito de ejercicio indebido de funciones, el ex secretario de Obras Públicas estatal, Luis Marroquín y el ex secretario de Desarrollo Económico, Rolando Zubirán, fueron vinculados a proceso.

De manera separada, el primero en arribar al Palacio de Justicia fue el ex Secretario de Obras Públicas, quien al salir dio a conocer la noticia que lo acusa por el sobrecosto del conector pluvial número 1 en el interpuerto, en Salinas Victoria.

Marroquín consideró injusta la vinculación, pues siempre ha trabajado apegado a derecho, cumpliendo con las normativas que la Secretaria de Obras Públicas requería y señalaba.

“Confiamos en las autoridades competentes y que sepan que estaremos en la disposición de venir a declarar cuando sea requerido, no esperábamos esta vinculación”.

“Ellos saben porque lo hacen, nosotros estamos en la mejor disposición de cooperar, me siento bien, pero no estamos contentos con la determinación que toman las autoridades”, indicó.

palacioPor su parte, el ex secretario de Desarrollo Económico fue vinculado por el juez de control, Alfredo Cáceres.

La Fiscal, Erika Irigoyen, detalló que Zubirán instruyó a sus subordinados firmar un contrato para asesoría jurídica externa con el despacho Basave Colosio Sánchez, por un monto de 650 mil pesos.

El contrato firmado en junio de 2014, tuvo que ser elaborado en la tesorería estatal por tratarse de dinero público, lo que no sucedió, por lo Zubirán instruyó que se firmara y elaborara en el área jurídica de la Secretaría de Desarrollo Económico, que él dirigía.

El ex funcionario tendrá que acudir cada 15 días para firmar, esto como medida preventiva.

Hoy, nuevamente Zubirán acudirá a una audiencia en el Palacio de Justicia, en donde se prevé que la Fiscalía Anticorrupción le impute un tercer delito.

El año pasado el ex funcionario fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones, al participar dentro de los incentivos otorgados a favor de la empresa coreana KIA por más de tres mil millones de pesos.

Ambos funcionarios cuentan con un amparo para evitar que sean privados de su libertad.