Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos ordenó detener la investigación contra funcionarios de la administración de Donald Trump por presunto desacato en un caso de deportaciones de migrantes hacia El Salvador.
El fallo revierte los intentos del juez James Boasberg, quien había señalado que existía causa probable para declarar al gobierno en desacato por no cumplir una orden que frenaba temporalmente dichas deportaciones.
La decisión fue tomada por jueces del tribunal de apelaciones, quienes consideraron que la investigación representaba un “abuso de poder”, al intentar indagar en decisiones del Ejecutivo relacionadas con seguridad nacional.
El caso se centra en la aplicación de medidas migratorias bajo una autoridad de tiempos de guerra, lo que generó controversia legal y política en torno al alcance de las facultades del gobierno federal.
Además, los magistrados señalaron que la responsabilidad ya había sido atribuida a la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, lo que hacía innecesario continuar con el proceso judicial.
La resolución no fue unánime, ya que la jueza Michelle Childs emitió un voto en contra, evidenciando divisiones dentro del tribunal sobre los límites del poder judicial frente al Ejecutivo.
