Cuando el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, deje el cargo hoy, su sucesor tendrá asuntos inconclusos, entre ellos la bancarrota pública más grande en la historia de Estados Unidos y una economía que se sostiene gracias a la ayuda de emergencia.
La isla lleva unos tres años en una reestructuración poco popular para una deuda de alrededor de 129 mil millones de dólares avivada por las pensiones sin fondos, y aún no hay una resolución clara a la vista.
Se debe a que los líderes de la isla, territorio estadunidense, pidieron prestados 74 mil millones de dólares, para equilibrar el presupuesto, y se gastaron todo el dinero en el sistema público de pensiones.
La isla les debe unos 55 mil millones de dólares a los jubilados.
Desde 2016, una junta federal ha estado a cargo de resolver la crisis de deuda. Muchos puertorriqueños desconfían de la junta, en parte por los recortes a los servicios públicos que ha impulsado. Rosselló, quien asumió el cargo de gobernador también en 2016, ha estado en lucha constante con la junta. Ambas partes seguían en el teje y maneje de negociar cuando azotó el huracán María en 2017, suceso que provocó miles de muertes y dejó a la mayoría de la isla sin electricidad durante meses. Se estima que el fenómeno redujo en 6 por ciento la producción en 2018.
Este año, la junta de supervisión estaba a semanas de presentar un plan de reestructuración general ante un tribunal federal estadunidense cuando los ciudadanos puertorriqueños tomaron las calles para exigir la renuncia de Rosselló.
Las manifestaciones fueron desencadenadas al conocerse conversaciones de chats privados que contenían un lenguaje soez e indicios de posible corrupción. Cuando Rosselló anunció su renuncia, el pasado 24 de julio, algunos de los manifestantes dijeron que les gustaría que la junta de supervisión se fuera también.
Redacción/El Nacional
