Redacción/El Nacional
Con la finalidad de fortalecer las sanciones y combatir la explotación infantil, para proteger los derechos de los niños, diversas senadoras del PRI presentaron al pleno de la Cámara Alta una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.
Al explicar la exposición de motivos de la iniciativa turnada a comisiones, la senadora Cristina Díaz Salazar manifestó que de acuerdo a estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), alrededor de 85 millones de niños en el mundo trabajan en forma irregular, poniendo en riesgo su integridad física y psicológica.
Resaltó que de esa población, en México -de acuerdo a estadísticas del INEGI-, hay 2 millones 536 mil 693 niñas, niños y adolescentes ocupados en el mercado laboral, con un 6.3 por ciento de 5 a 9 años de edad; 23.3, entre 10 a 13, y el restante 70.6 por ciento, son de 14 a 17 años de edad.
De este total de infantes y adolescentes en condición laboral, agregó la senadora por Nuevo León, casi un millón 700 mil asisten a la escuela, es decir, el 64 por ciento de infantes y adolescentes ocupados en el mercado laboral estudian, pero el 36 por ciento no asiste a la escuela.
Cristina Díaz comentó que la propuesta presentada al pleno tiene su base y respaldo en diversos acuerdos internacionales, ratificados por México y entre ellos se encuentra la Declaración Universal de los Derechos del Niño, que señala: “el niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación”, en plena concordancia con los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo.
De ahí, añadió, que la iniciativa presentada al pleno, plante la adición a la fracción IV Bis al artículo 10, y del artículo 21 Bis, a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos.
Subrayó que de aprobarse la propuesta, toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación, se le impondrá de 5 a 15 años de presión y de un mil a 20 mil días multa.
Además a quien explote con fines económicos y laborales a una persona menor de 15 años, en avenidas, calles, cruceros, ejes viales o cualquier vía de circulación, poniendo en riesgo su integridad, se impondrá pena de 5 a 10 años de presión y de 5 mil a 50 mil días multa. La pena máxima se incrementará en una mitad más, cuando se trate de un servidor público, señaló la legisladora priista.
Recordó que la iniciativa fue presentada por las senadoras de su partido Mely Romero, Diva Gastelúm, Anabel Acosta, Roberto Albores, Angélica Araujo, Jesús Casillas, Hilda Flores, Margarita Flores, Ernesto Gándaras, Lizbeth Hernández, Ana Lilia Herrera, María del Rocío Pineda Aarón Pozos, Máyela Quiroga y Alejandro Tello.
