Con tres votos a favor y dos en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó como inconstitucional el proceso por el cual el Congreso de Nuevo León pretendía sancionar al gobernador por “Broncofirmas”.
A favor votaron los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo y el ponente Juan Luis González.
En contra votaron las ministras Margarita Ríos-Farjat y Norma Lucía Piña Hernández.
Diputados locales buscaban juzgar a Jaime Rodríguez Calderón por el desvío de recursos con el fin de recolectar firmas para el registro de su campaña electoral en el 2018 rumbo a la presidencia de México.
“Se declara la invalidez del acuerdo impugnado por el que el Congreso del Estado de Nuevo León expidió las reglas procesales, que se aplicarían en el proceso para sancionar al titular del Poder Ejecutivo de la entidad,
publicado el 25 de septiembre de 2019 en el Periódico Oficial de la entidad, así como la invalidez por extensión del Acuerdo de Radicación e Inicio de Procedimiento derivado de las Reglas Procesales referidas”, indica el documento.
Se detalló que el Congreso de Nuevo León violó la ley al crear un procedimiento especial para sancionar al gobernador y a su secretario de gobierno.
El motivo de la violación es la falta de apego al sistema de responsabilidad que se contempla a nivel federal.
De acuerdo a las normativas, el procedimiento primero debió pasar por la Cámara de Diputados y luego al Senado, para así poder realizar el juicio político y llevar a cabo la destitución e inhabilitación.
