Redacción/El Nacional

Por utilizar anuncios panorámicos en diferentes puntos de la ciudad en donde destacaba los logros obtenidos como legisladores, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Congreso del Estado, sancionar económicamente a los diputados locales de la bancada de Movimiento Ciudadano.

Por dicha situación, Samuel Alejandro García Sepúlveda tendrá que pagar 271 mil 254 pesos, mientras que Concepción Landa Téllez, cubrirá la suma de 145 mil 854 pesos, ello debido a que fueron denunciados ante el órgano electoral por los legisladores Enrique David Ogaz Díaz y Miguel Ángel Cervantes Alfaro.

Los anuncios fueron instalados sobre la avenida Morones Prieto a unos cuantos metros de la calle San Patricio; el segundo sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en la esquina con Río Blanco; y el tercero sobre la misma avenida Lázaro Cárdenas esquina con Río Tamuín, todos en el municipio de San Pedro.

En la publicidad que contenía fotografía de los diputados, éstos se dijeron promoventes de presentar la iniciativa para eliminar el fuero y sobre todo ser los impulsores de sacar adelante la Ley de Participación Ciudadana en donde se incluye la revocación de mandato.

El órgano federal electoral acudió a dar fe de los hechos denunciados y comprobó la existencia de dichos panorámicos y determinaron que las acciones cometidas por ambos diputados son consideradas propaganda.

“Al haberse acreditado que los actores incumplieron le previsión establecida en el artículo 242, párrafo cinco de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) por difundir los informes del primer año de gestiones como diputados locales, en un plazo que excedió los cinco días posteriores a la fecha en que se rindieron”.

“Por lo que con fundamento en el artículo 457 de la Legipe, el cual expresamente establece que si las autoridades federales, estatales o municipales cometen alguna infracción a esa norma (difusión de informes de labores fuera de los plazos permitidos) se da vista al superior jerárquico, y en su caso, se presentará queja ante la autoridad competente por hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables”, señala la resolución.

Los diputados tendrán que pagar la sanción en un término no mayor a los 15 días y en caso de incumplimiento, se le pide al tesorero del poder Legislativo la retención de los salarios de ambos legisladores.