El juicio político promovido en contra del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, sumó un nuevo capítulo luego de que el mandatario estatal solicitara formalmente a la Comisión Anticorrupción del Congreso local detener el procedimiento al considerar que carece de sustento legal.
A través de un documento de 254 páginas entregado bajo la figura jurídica de “Ad Cautelam” y bajo protesta, García respondió a la acusación relacionada con el presunto desvío de recursos públicos en beneficio de despachos vinculados a integrantes de su familia.
En el escrito, el titular del Ejecutivo estatal argumentó que la denuncia presentada por la dirigencia estatal de Morena es “temeraria”, además de señalar que la Comisión Anticorrupción carece de facultades materiales, orgánicas y constitucionales para conocer y resolver el asunto.
Por ello, pidió que el procedimiento sea suspendido en todas sus etapas mientras se resuelven cuestiones previas que, a su juicio, afectan la validez del proceso.
Asimismo, aclaró que su comparecencia mediante escrito no representa aceptación alguna de la competencia de la Comisión ni del procedimiento iniciado en su contra, reservándose el derecho de impugnar las actuaciones que considere improcedentes.
Otro de los puntos incluidos en el documento es la solicitud para que se le asigne un defensor público, al señalar que actualmente no cuenta con representación legal para este proceso.
La presidenta de la Comisión Anticorrupción, Armida Serrato Flores, informó que el documento será distribuido entre los integrantes del órgano legislativo para su análisis y anunció que el próximo viernes se llevará a cabo una sesión para revisar el caso.
El procedimiento deriva de una solicitud presentada por la dirigente estatal de Morena, Anabel Alcocer, quien promovió el juicio político contra el gobernador por presuntas irregularidades relacionadas con recursos públicos.
Redacción/El Nacional
