Sheinbaum señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) será la instancia encargada de determinar si existen elementos para investigar los señalamientos realizados por Joaquín “El Chapo” Guzmán contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California.
Durante la conferencia matutina de este miércoles 29 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre una declaración que el exlíder del Cártel de Sinaloa realizó en 1993 ante una agente del Ministerio Público de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
En aquel testimonio, Guzmán Loera habría señalado al entonces gobernador panista como un supuesto protector de integrantes del cártel de los Arellano Félix. La acusación fue retomada recientemente por MILENIO a partir de una copia de la declaración ministerial.
Sheinbaum evitó pronunciarse sobre la veracidad de las acusaciones y dejó la decisión en manos de la Fiscalía, al considerar que corresponde a esa institución determinar si es pertinente iniciar alguna indagatoria.
Ruffo queda bajo la decisión de la FGR
La presidenta explicó que será la FGR la que deberá analizar el contenido de la declaración y determinar si existe algún motivo para abrir una investigación contra Ruffo.
“Ya que la fiscalía vea si es necesaria una investigación”, señaló Sheinbaum durante la conferencia desde Palacio Nacional.
La mandataria comparó el caso con una publicación realizada en 2017 por el expresidente Felipe Calderón, quien también había difundido en redes sociales señalamientos relacionados con presuntos vínculos entre funcionarios y grupos delictivos.
Sheinbaum indicó que, en situaciones de este tipo, corresponde a la autoridad ministerial revisar los elementos disponibles antes de determinar si se requiere una investigación formal.
La presidenta no hizo un llamado directo para que se iniciara una indagatoria contra el exgobernador de Baja California y tampoco presentó como hechos comprobados las acusaciones atribuidas al exlíder criminal.
El planteamiento de la mandataria se centró en dejar que la Fiscalía determine si los señalamientos tienen sustento suficiente para justificar alguna actuación ministerial.
Ruffo fue mencionado por El Chapo en 1993
El origen de la controversia se encuentra en una declaración fechada el 9 de junio de 1993, realizada por Joaquín Guzmán Loera después de su primera detención cerca del cruce fronterizo de Talismán, Chiapas.
De acuerdo con el documento difundido por MILENIO, el entonces integrante del Cártel de Sinaloa habló sobre una supuesta relación entre Benjamín Arellano Félix y Ernesto Ruffo Appel, quien en ese momento era gobernador de Baja California.
Según el testimonio, Guzmán afirmó que Benjamín Arellano Félix le había comentado que mantenía una relación de amistad con el mandatario estatal. También sostuvo que existía una relación cercana entre integrantes de la familia Arellano Félix y el entonces procurador de Justicia de Baja California.
La declaración incluye además el señalamiento de que miembros del grupo criminal podían obtener credenciales de la Policía Judicial de Baja California mediante contactos dentro de las autoridades estatales.
Sin embargo, se trata de acusaciones contenidas en una declaración de 1993, por lo que su existencia no demuestra por sí misma que los hechos descritos hayan ocurrido.
El contexto resulta relevante debido a que la declaración fue realizada hace más de tres décadas y corresponde a una etapa en la que los grupos criminales de Baja California mantenían una fuerte presencia en la frontera norte del país.
El señalamiento involucra a los Arellano Félix
Los nombres de Ruffo y de los Arellano Félix aparecen relacionados en el testimonio atribuido a Guzmán Loera.
La familia Arellano Félix encabezó una de las organizaciones criminales más relevantes de México durante las décadas de 1980 y 1990, particularmente en la región de Tijuana y Baja California.
El señalamiento recuperado por MILENIO sostiene que existía una relación de amistad entre Benjamín Arellano Félix y los Ruffo Appel. A partir de esa supuesta relación, Guzmán habría descrito la posibilidad de obtener identificaciones de la Policía Judicial estatal.
El documento citado también hace referencia al procurador de Justicia de Baja California, a quien Guzmán vinculó en su declaración con los Arellano Félix.
No obstante, cualquier eventual investigación tendría que establecer la autenticidad, alcance y valor jurídico de aquella declaración, así como determinar si existen otros elementos que permitan corroborar o descartar los señalamientos.
La Fiscalía General de la República es la institución encargada de investigar y perseguir los delitos del orden federal en México, por lo que la decisión sobre una posible indagatoria correspondería a las autoridades ministeriales competentes.
Sheinbaum evita adelantar una investigación contra Ruffo
El pronunciamiento de Sheinbaum ocurre después de que la publicación de la declaración generara atención pública debido a la relevancia de los personajes involucrados.
La presidenta insistió en que no corresponde al Poder Ejecutivo determinar de manera anticipada si existe responsabilidad a partir de una acusación de este tipo.
Su postura fue que la Fiscalía debe revisar el material y decidir si resulta pertinente emprender alguna investigación.
El caso también pone sobre la mesa la diferencia entre una acusación histórica y una resolución judicial. Una declaración ministerial puede formar parte de antecedentes de una investigación, pero no equivale por sí sola a una sentencia ni demuestra responsabilidad penal.
En este sentido, cualquier posible actuación de la FGR tendría que desarrollarse conforme a las reglas del debido proceso y con base en elementos que puedan ser verificados.
La Presidencia de México mantiene así una postura de esperar la determinación de la autoridad ministerial antes de emitir una conclusión sobre los señalamientos contra el exmandatario estatal.
El caso de Ruffo vuelve a poner atención en una declaración de 1993
La discusión sobre Ruffo tiene como punto de partida una declaración que permaneció durante décadas dentro de los antecedentes relacionados con Joaquín Guzmán Loera.
El contenido volvió a cobrar relevancia después de que MILENIO difundiera detalles del documento y lo relacionara con el exgobernador de Baja California.
Por ahora, Sheinbaum no anunció una investigación específica ni afirmó que las acusaciones sean verdaderas. Su postura fue que la FGR debe determinar si existe materia suficiente para realizar alguna indagatoria.
La eventual revisión del documento podría determinar si los señalamientos de 1993 tienen relevancia jurídica actualmente o si requieren ser contrastados con otros elementos.
Mientras tanto, la acusación contra Ruffo permanece como un señalamiento atribuido a “El Chapo” y no como una responsabilidad acreditada judicialmente.
El siguiente paso, en caso de que la Fiscalía considere pertinente intervenir, será determinar qué elementos pueden ser comprobados y si existe alguna conducta que amerite una investigación formal.
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