La propuesta de reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca el reemplazo inmediato de jueces con nuevos juzgadores electos popularmente, podría interrumpir los procesos penales y retrasar la resolución de litigios en curso. Esto se desprende de un análisis realizado por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El estudio señala que la falta de competencias técnicas de los nuevos juzgadores y la necesidad de capacitación podrían resultar en demoras significativas en la solución de los casos en trámite, que ascienden a un millón y medio de litigios en el país.
A pesar de que la reforma plantea la obligación de resolver los asuntos en un máximo de seis meses, el documento advierte que “cumplirla sería inviable si la judicatura no tiene los conocimientos suficientes para hacerlo”.
En el documento titulado “Análisis de la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación”, el Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN subraya las consecuencias negativas para la continuidad de los casos y los derechos de las personas que la propuesta de reforma constitucional podría acarrear en su forma actual.
Según el análisis, cada uno de los más de mil 600 juzgadores federales resuelve en promedio 14 casos semanales. Datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal revelan que en 2022 ingresaron 1 millón 256 mil 77 asuntos al Poder Judicial de la Federación, mientras que la cantidad de asuntos resueltos fue de 1 millón 214 mil 806, lo que implica que cada juzgador resolvió 762 asuntos durante ese año.
