Reforma a la Fiscalía en México: Un Nuevo Control del Ejecutivo

En un giro significativo en la estructura del sistema de justicia en México, el gobierno liderado por Claudia Sheinbaum ha puesto en marcha los planes para una reforma que podría alterar la autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR) y de las 32 fiscalías estatales. La propuesta contempla otorgar al Ejecutivo federal y a los gobernadores la facultad de nombrar y destituir a los titulares de estas instituciones, un cambio que eliminaría el actual proceso de selección que involucra al Senado y a los congresos locales.

Este movimiento se presenta como una respuesta a las críticas que han surgido en torno a la independencia que se había buscado establecer desde la reforma de 2014, la cual pretendía asegurar que las fiscalías operaran sin presiones políticas. Desde las filas del partido Morena, se argumenta que la autonomía vigente ha complicado la procuración de justicia en varias ocasiones. Señalan que fiscales que se vinculan a partidos de oposición han obstaculizado investigaciones importantes, debilitando el esfuerzo en la lucha contra la impunidad.

Aunque la reforma permitirá que los actuales titulares de las fiscalías completen sus mandatos, cualquier nombramiento futuro recaerá directamente en la autoridad del Ejecutivo correspondiente. Este cambio se encuentra aún en proceso de análisis y se prevé que sea presentado en el inicio del próximo periodo ordinario del Congreso, dejando abierta la discusión sobre cómo afectará esto la efectividad y la independencia en la aplicación de la justicia en el país.