Redacción/ El Nacional
Las leyes sobre las cuales se apoyó la NSA para efectuar esa operación nunca han sido interpretadas para autorizar nada que se aproxime a la amplitud de la vigilancia que se ha puesto en cuestión aquí, señaló el fallo del tribunal estadounidense en un documento de 97 páginas.
El fallo se produjo tras una demanda presentada por la poderosa Unión Americana de Libertades Civiles contra la NSA y el FBI, a raíz de las revelaciones sobre los vastos programas de vigilancia en documentos filtrados por el ex contratista de la NSA Edward Snowden.
Los millones de metadatos obtenidos de llamadas telefónicas incluyen los números llamados, horarios y otra información, pero no el contenido de las conversaciones.
Sin embargo, los defensores de las libertades civiles argumentan que el programa es una intrusión masiva a la privacidad y que constituye una ayuda mínima en el esfuerzo antiterrorista.
Sin llegar a pronunciarse sobre la constitucionalidad del programa de vigilancia, el tribunal estimó que la agencia sobrepasó el marco fijado por el Congreso en el famoso artículo 215 de la ley antiterrorista Patriot Act, votada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
No hay evidencia de que el Congreso tenga la intención de autorizar una colecta masiva de los registros de los estadounidenses o de sus boletines escolares para agregarlos a una base de datos.
La interpretación que el gobierno nos pide adoptar desafía todo principio de limitación. Si el gobierno estuviera en lo correcto, podría utilizar el artículo 215 para recolectar y almacenar masivamente todos los metadatos del sector privado, incluidos los datos asociados a los registros financieros, médicos y de comunicación electrónica incluido los correos electrónicos, y la información de las redes sociales de todos los estadounidenses.
Los políticos estadounidenses están debatiendo actualmente sobre la reforma o la extensión de esta ley.
Teniendo en cuenta los problemas de seguridad nacional involucrados, creemos que es prudente hacer una pausa para permitir al Congreso debatir lo que podría alterar profundamente el panorama jurídico.
