El Senado, La Secretaría de Gobernación (Segob) y los colectivos de victimas de desaparición forzada afinaron detalles del proyecto de reforma de Ley de Desaparición Forzada de Personas, con cambios para garantizar que el delito no prescriba y se puedan investigar casos como La Guerra Sucia.
La propuesta de ley incluye incentivos para que los que cometen delitos de desaparición forzada colaboren en la ubicación de las víctimas, lo que reduciría las penas que irán de 20 a 25 años de cárcel.
De acuerdo con el documento de trabajo, que se podría convertir en dictamen en las próximas horas para ser votado antes de concluir el periodo de sesiones, la reforma prevé un registro nacional de fosas, la creación de un banco de ADN, la prohibición de incineración de cadáveres y la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Además, se considerará la desaparición forzada cometida por elementos del Estado, y por particulares, así como la figura de Persona No Localizada.
Las presidentas de las comisiones de Gobernación, Derechos Humanos y Justicia, las senadoras Cristina Díaz, Angélica de la Peña y Pilar Ortega se reunieron con el subsecretario de Derechos Humanos de la Segub, Roberto Campa, y los colectivos que agrupan organizaciones de víctimas de desaparecidos para revisar el documento de trabajo y llegar a un acuerdo.
Para el asesor del Movimiento por los Desaparecidos, Michael Chamberlain, subrayó que uno de los cambios fundamentales es la reducción de las penalizaciones entre 20 y 35 años de cárcel a quienes cometan el delito de desaparición forzada, lo que lo convierte en un incentivo para que colaboren en la localización de personas desaparecidas, pues el proyecto contemplaba entre 60 y 90 años.
Si un particular o miembro del Estado comete otros delitos conexos como el secuestro o la trata de personas, se sumarán las penas y ello si puede aumentar los años de cárcel.
