La iniciativa de Ley Federal de Austeridad orientada a los servidores públicos ya está lista, y será presentada en los próximos días por la facción de Morena y el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados.
En ella se plantea la eliminación de las pensiones a ex presidentes y la transformación de la residencia oficial de Los Pinos en centro de arte y cultura y la reintegra al Bosque de Chapultepec, la cancelación de los fideicomisos públicos, la desaparición de oficinas de prensa, así como diversas sanciones a quienes transgredan la política de austeridad del nuevo gobierno, entre otras cosas.
La legislación, que comprende 45 artículos y ocho transitorios, señala que el Presidente obtenga menos de la mitad de lo que recibió el anterior titular del Ejecutivo Federal. Además busca que no se compran vehículos nuevos; tampoco sistemas de cómputo en el primer año de la nueva administración, reducción del número de asesores a tres por dependencia, eliminación de bonos, límite a los viáticos, cancelación de partidas de gastos de seguros médicos mayores, oficialías mayores, oficinas de prensa, de publicaciones, defensorías jurídicas y de compras.
Establece que ningún servidor público percibirá un salario, remuneración ni prestación mayor a la que recibe el Presidente. En esta iniciativa se concreta la propuesta de López Obrador de convertir la Residencia Oficial de Los Pinos en museo.
“El conjunto de bienes inmuebles denominado Residencia Oficial de los Pinos se integrará al complejo del Bosque de Chapultepec, y se convierte en espacio público para ser utilizado como centro de arte y cultura”, establece la iniciativa de Ley en su artículo octavo transitorio.
Elimina la pensión a todos los funcionarios públicos de los tres poderes, incluidos los ex presidentes de la República, desde el primer minuto de que entre en vigor la legislación que será al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, así como el uso de bienes muebles e inmuebles pertenecientes al Estado.
“Por ningún motivo se autorizará pensiones de retiro a los servidores públicos, al titular del Ejecutivo Federal, a los miembros del Congreso y del Poder Judicial de la Federación”, subrayan.
Los ex titulares del Ejecutivo Federal únicamente tendrán acceso al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cuando se cumplan con los requisitos previstos en la ley.
Se prohíbe y se cancela cualquier otro tipo de pensión que se hubiera creado ex profeso para su beneficio, lo mismo se hará respecto de la asignación de cualquier tipo de servidores públicos, personal civil o de las fuerzas armadas, cuyos costos sean cubiertos con recursos del Estado, así como de los bienes muebles e inmuebles que estén a su disposición y formen parte del patrimonio federal”, detalla el documento
La propuesta de Ley establece la cancelación de todos los fideicomisos, fondos, mandatos, contratos análogos o cualquier otro mecanismo financiero utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia.
Determina áreas específicas para el establecimiento de este tipo de figuras, prohíbe la creación de fideicomisos en materia de salud, educación, seguridad pública y seguridad social, toda vez que “no resulta conveniente delegar en un contrato mercantil responsabilidades estatales tan fundamentales”.
Asegura que todo el ahorro derivado del combate a la corrupción, la eliminación de privilegios y la política de austeridad, se destinará a impulsar el desarrollo del país, en este contexto, asegura que no se aumentarán impuestos en términos reales y tampoco aumentará la deuda pública. Además, la propuesta de legislación establece sanciones en casos de conflictos de interés, restricciones a las actividades profesionales de los servidores públicos una vez que se separen de sus cargos.
Plantea que las personas que se encuentren en conflictos de interés y busquen ocupar un cargo público deben recurrir a “fideicomisos ciegos” (sin contacto entre fiduciario y el fiduciante), u otras dentro de la ley que prevengan cualquier irregularidad durante el tiempo que duren sus encargos y durante los años siguientes.
Entre los privilegios que elimina la Ley de Austeridad del Estado están: la reducción de asesores a tres por dependencia, la asignación de secretario particular únicamente a los titulares de dependencias o gobernadores, además eliminan plazas con nivel de Dirección General Adjunta creadas a partir del año 2001. También se cancelan todos los puestos de inspectores, supervisores y verificadores de la Administración Pública Federal, las funciones que éstos desempeñen serán asignadas al área de fiscalización de la Secretaría de la Función Pública.
A su vez, se limita la asignación de chofer exclusivamente a los secretarios de Estado o titulares de dependencia y a los subsecretarios, se prohíbe la contratación de servicios de consultoría, asesoría y de todo tipo de despachos externos para elaborar estudios, investigaciones, proyectos de ley, planes de desarrollo, o cualquier tipo de análisis y recomendaciones, detalla el documento que presentará la bancada de Morena en los próximos días.
Redacción/El Nacional
