Redacción/El Nacional
Con el fin de erradicar la discriminación contra personas o grupos minoritarios en el país, la presidenta de la Comisión de Gobernación, senadora Cristina Díaz Salazar presentó al pleno del Senado una iniciativa de ley en la que se proponen reformas y adiciones al Código Penal Federal con sanciones de uno a tres años de prisión y hasta 300 días de trabajos comunitarios a los infractores.
La senadora por Nuevo León manifestó que su propuesta, con proyecto de decreto turnada a comisiones, tiene el propósito central de erradicar de manera estructural este problema violatorio de los derechos humanos y dignidad de las personas, persistente en nuestro país pese a los avances tanto a nivel nacional como internacional.
Explicó que a partir del fondo de odio racial, religioso, cultural e ideológico, que marcó a la segunda guerra mundial, se dio una gran revolución en el pensamiento de las personas y de las naciones, a favor de la igualdad en los derechos de todas y todos.
Señaló que en nuestro país como en la mayoría de las naciones en el mundo persisten actos de discriminación hacia distintos grupos de la sociedad.
La legisladora manifestó que México ha sido un agente promotor de las políticas orientadas al respeto y promoción de los derechos humanos sin discriminación, con importantes avances, con profundas reformas constitucionales en materia de derechos humanos que pusieron a nuestro país a la vanguardia en el tema.
Recordó que en 2012 se publicó el decreto por el cual se incluye en el Código Penal Federal el delito de discriminación dentro del título “Delitos contra la Dignidad de las Personas”, y que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, tiene como metas garantizar la protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación.
La propuesta presentada por la senadora por Nuevo León, plantea, entre otras reformas, incluir en el tipo penal de discriminación los conceptos de orientación sexual, identidad de género, discapacidad física o mental y religión, así como la eliminación del concepto de preferencia sexual, ya que la palabra preferencia puede hacer referencia o asumir una decisión consciente.
Estas medidas, agregó, buscan a la par de castigar, generar consciencia, ya que uno de los principales problemas para la persecución de estos delitos se debe a que la discriminación persiste en las instituciones encargadas de la administración de justicia en el país.
Subrayó que es importante continuar con la revisión y, en su caso, derogar preceptos en las leyes que resulten discriminatorias, formular políticas públicas que promuevan y garanticen el goce efectivo del derecho a la igualdad y fortalecer la participación ciudadana.
Y destacó que para el Artículo 149 Tercero del Código Penal, se propone aplicar sanción de uno a tres años de prisión o de 153 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 200 días multa a quien, motivado por razones de origen o pertenencia étnica, nacional o social, raza, color de piel, lengua, género, sexo, edad, estado civil, religión, condición social o económica, condición de salud, orientación sexual, identidad de género, discapacidad física o mental, embarazo, opiniones políticaso de cualquier otra índole, atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas.
Añadió que al servidor público que, por las razones previstas en esta ley, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación a que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista.
Cristina Díaz expuso que además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta. Este delito se perseguirá por querella, concluyó.
