El Consejo de la Judicatura Federal (CJE) solicitó 756 millones 800 mil pesos para garantizar la seguridad de jueces y magistrados el próximo año, debido a la violencia que existe en el país.
El CJE consideró que es necesario estos recursos, ya que es uno de los ‘grandes retos’ en materia de justicia y seguridad que enfrentarán en el 2020.
Hasta el año pasado, este órgano del Poder Judicial de la Federación (PJF) reportó tener asignados 138 vehículos blindados, 139 escoltas, y 140 “prendas de protección personal” (chalecos antibalas) para juzgadores “que enfrentaron situaciones de riesgo con motivo del ejercicio de la función jurisdiccional”.
“La inseguridad que durante años ha sumido al país en una crisis que no ha sido ajena al Poder Judicial. Por ello, otro de los retos que con mayor seriedad se asumen es el de garantizar la protección y seguridad de jueces y magistrados, de modo que la impartición de justicia quede blindada a los embates de la delincuencia organizada y de quienes pretenden afectarla mediante actos de corrupción“, indica la estrategia programática del PJF.