Redacción/El Nacional
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) informó, por medio de un comunicado de prensa, que el pasado 21 de octubre realizó una solicitud de acceso a información pública a la dependencia que encabeza Jesús Murillo Karam para conocer cuántos dictámenes han sido realizados en la investigación del caso Tlatlaya así como para obtener copia simple de los mismos.
En respuesta, la PGR, mediante oficio número SJAI/DGAJ/11187/2014, dijo que se han realizado 11 dictámenes en la investigación. Pero dijo que no otorgaría la versión pública de los mismos debido a que es información reservada.
Eruviel Ávila, Gobernador del Estado de México, fue el primero el declarar “reservada” la investigación del caso; antes, defendió la actuación del Ejército aunque se trató de ejecuciones sumarias. Posteriormente se dio a conocer que la Secretaría de la Defensa (Sedena) aprobó una resolución, la CI/RIR/1183/14, en la que responde a un ciudadano que también quedará oculta la investigación.
El gobierno de México ha sido duramente cuestionado por organismos internacionales debido al caso Tlatlaya.
En un principio se trataron de negar los hechos, con apoyo de Raúl Plascencia, entonces titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); ahora, se ha recurrido a “congelar” o reservar la información. Según la Procuraduría, dice la CMDPDH, al tratarse de una investigación en curso no es posible hacer del conocimiento su contenido, ni revelarla a un particular, bajo ninguna circunstancia, por lo que la información permanecerá en tal carácter hasta por un periodo de doce años.
Considerando lo anterior, la organización civil interpuso el día 5 de diciembre un recurso de revisión en donde solicitó que se haga pública la investigación por el caso Tlatlaya “por tratarse de una violación grave de derechos humanos o incluso pudiera configurar como un crimen de lesa humanidad”.
La Procuraduría dijo en su respuesta que la averiguación previa iniciada sobre los hechos fue “por la probable comisión del delito de homicidio” y que si bien la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 51/2014, “la misma no es con motivo de violaciones graves a derechos humanos”. Indicó que ésta no está publicada en el portal de internet de la CNDH en su sección de “Recomendaciones por violaciones graves” sino simplemente en la sección de “Recomendaciones”.
“La PGR es omisa en aplicar la jurisprudencia recurrente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que forma parte del orden jurídico mexicano, la cual ha establecido que las violaciones graves de derechos humanos son, entre otras, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias y las desapariciones forzadas. Además dicho tribunal ha señalado que ‘resulta esencial que, para garantizar el derecho a la información, los poderes públicos actúen de buena fe y realicen diligentemente las acciones necesarias para asegurar la efectividad de ese derecho, especialmente cuando se trata de conocer la verdad de lo ocurrido en casos de violaciones graves de derechos humanos como las desapariciones forzadas y la ejecución extrajudicial”‘, refirió la organización civil.
Por lo anterior, la CMDPDH exigió a la PGR “que considere los hechos de Tlatlaya como violaciones graves a derechos humanos y en consecuencia proporcione la versión pública de los once dictámenes e incluso haga pública la investigación de acuerdo con el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que establece que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad”.
La masacre de Tlatlaya marcó un antes y un después en el actual sexenio. Aunque el hecho fue sepultado, primero por la desinformación y luego por otro evento violento (la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa), es considerada por organizaciones internacionales como una de las más grandes tragedias en México en materia de Derechos Humanos.
También puso en evidencia las ejecuciones extrajudiciales en manos de fuerzas del Estado. Fueron militares los que participaron el 30 junio pasado en el operativo en el que murieron 22 presuntos delincuentes, varios de ellos ejecutados a mansalva.
