Redacción/ El Nacional

Los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola, son dos de los 11 nuevos objetivos descubiertos por el Instituto de Investigación Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que fueron espiados presuntamente por el gobierno de México.

Al parecer desde el 12 de enero de 2015, la periodista Carmen Aristegui empezó a recibir mensajes de texto diciendo que el “mensaje anterior no fue envidado” junto con un enlace. A lo largo de año y medio, recibió otros 25 mensajes que fingían contener información de la Embajada de Estados Unidos en México, alertas Amber, colegas, personas en su vida personal, su banco, compañía telefónica y notificaciones de secuestro. Posteriormente Emilio Aristegui, hijo de Aristegui, también recibió al menos 21 de estos mensajes, siendo menor de edad.

En agosto de 2015, Loret de Mola también comenzó a recibir mensajes sospechosos durante un período en que estaba cubriendo la masacre en una granja conocida como “Rancho El Sol” en el oeste de México. Loret estaba informando sobre la posible participación y posterior encubrimiento de elementos del gobierno federal mexicano en la desaparición de 42 personas que tuvo lugar en Rancho El Sol.

Estos mensajes, en realidad, tenían el objetivo de infectar los celulares para rastrear sus comunicaciones a través de Pegasus, un malware de espionaje electrónico desarrollada y vendida por la firma israelí NSO Group vendida exclusivamente a gobiernos.

Carmen Aristegui criticó las prácticas de espionaje en contra de su hijo y de los periodistas, realizadas por el gobierno de Peña Nieto y con cargo al erario: “Que llegue al caso de atacar con estos sistemas de espionaje a un estudiante y menor de edad en esos momentos me parece indignante y gravísimo en todas sus connotaciones”.

Entre los periodistas espiados se encuentran Salvador Camarena y Daniel Lizárraga, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad; los periodistas Rafael Cabrera y Salvador Barragán. Además, se identificaron como blancos a Mario Patrón, Stephanie Brewer y Santiago Aguirre, de la Organización No Gubernamental (ONG) Centro Miguel Agustín Pro Juárez; Juan Pardinas y Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

“Los objetivos comparten una conexión básica: han estado involucrados en investigar o trabajar en informes de alto nivel de corrupción oficial, o la participación del gobierno en los abusos de los derechos humanos. Los intentos de infección a menudo coincidieron con el trabajo en investigaciones específicas de alto perfil y asuntos delicados entre enero de 2015 y agosto de 2016, momento en el cual nuestro informe anterior probablemente llevó al cierre de las operaciones”, explicó el Citizen Lab.

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