Redacción/El Nacional
Tras las comparecencias que recientemente hizo la Procuraduría General de la República a 20 militares en el marco de las investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la PGR deberá dar a conocer la versión pública de los interrogatorios.
Así lo ordenó el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) al resolver un recurso de revisión en el que argumentó que “por tratarse de una violación grave de derechos humanos” es inoperante la causal de reserva invocada por la PGR con el argumento de que se trata de una investigación en curso.
Además, el organismo nacional de transparencia resolvió otro recurso de revisión en el que ordenó a la PGR difundir las versiones públicas de las “investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes y el asesinato de otros tres de la misma normal en Iguala, los días 26 y 27 de septiembre de 2014”.
La comisionada Areli Cano, quien analizó ambos casos, argumentó que el tratamiento como caso grave de violación de derechos humanos ya ha sido sostenido por el INAI y sustentado en la trascendencia nacional e internacional que ha tenido la desaparición de los normalistas. Y recordó que de acuerdo con la legislación “no podrá invocarse la causal de reserva tratándose de casos graves”.
Incluso, abundó, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) creó una oficina específica para dar seguimiento al caso; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) creó un comité de expertos internacionales con el mismo fin y el propio alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha aludido al tema, lo que refleja el impacto social e internacional de los hechos.
Por ello, la comisionada consideró improcedente el argumento de la PGR para negar la información y destacó la importancia de dar a conocer información sobre el caso a efecto de que la sociedad tenga un seguimiento puntual de la actuación de sus autoridades, sobre todo porque está comprobado que 48 policías de Iguala y 16 de Cocula, están detenidos por estar involucrados en los hechos.
En ambos casos, la PGR deberá entregar una versión pública: de la declaración de los militares y de la averiguación previa. Sólo podrá eliminar información confidencial de los inculpados, víctimas y testigos, así como los nombres de los Ministerios Públicos y personal de la dependencia con funciones operativas, pero “no podrá omitirse nombres de los que presuntamente participaron en los hechos”.
