La Suprema Corte de Justicia de la Nación, organismo encargado de investigar la gestión financiera de los funcionarios públicos en Nuevo León ya no dependerá del gobierno estatal liderado por el encargado de despacho, Javier Navarro. Ahora, esta responsabilidad recaerá en la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, bajo la dirección interina de Pedro Arce Jardón.
Esta decisión se anunció después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fallara a favor del Congreso de Nuevo León en una controversia constitucional contra el Poder Ejecutivo. La disputa giraba en torno a la omisión de publicar en el Periódico Oficial del Estado el decreto 196, que modificaba la “Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León”.
En una sesión pública de la primera sala de la SCJN, cuatro de los cinco ministros votaron a favor de integrar la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica Estatal (UIFE) como parte integral de la Fiscalía del Estado. La ministra Margarita Ríos Farjat, proponiendo la sentencia, declaró la inconstitucionalidad de la omisión de publicar el decreto y ordenó al Ejecutivo su publicación en el Periódico Oficial del Estado en un plazo de 15 días hábiles.
“Asunto número seis controversias constitucionales 272/2022 actor Poder Legislativo del Estado de Nuevo León el proyecto propone primero es procedente y fundada. Segundo se declara la inconstitucionalidad de la omisión en que incurrió el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León. Tercero se ordena al titular del Poder Ejecutivo de Nuevo León que en un plazo de 15 días hábiles publique el decreto número 196”, se declaró en la Suprema Corte de Justicia.
La negativa del entonces gobernador de Nuevo León, Samuel García, a publicar el decreto 196, aprobado en junio del año pasado por el Poder Legislativo, fue argumentada como ilegal. Este decreto adhería la Fiscalía de Nuevo León con la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica Estatal (UIFE), entidad que los diputados señalaban que se utilizaba para perseguir a legisladores del PRI y del PAN.
Después de la sesión del 22 de noviembre en el Congreso del Estado, se establecieron plazos en los artículos transitorios. Estos incluyen un plazo de hasta 60 días naturales para que el Fiscal General del Estado designe al titular de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera, y hasta 90 días para que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado y la Fiscalía General de Justicia realicen las reformas necesarias a su reglamentación interna.
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Redacción/El Nacional
