El partido político Movimiento Ciudadano, mostró rechazo ante la aprobación de una sanción en la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado, contra el Gobernador Jaime Rodríguez y su Secretario de Gobierno Manuel González ya que parece vergonzosa actuación de algunos Diputados de la clase política tradicional.
Mediante un comunicado de prensa, Movimiento Ciudadanoexpresó su rechazo ante la aprobación de una sanción de 317 mil pesos para ambos funcionarios, ya que desde su punto de vista se debió proceder a la destitución de sus cargos.
“Movimiento Ciudadano Nuevo León condena la vergonzosa actuación de algunos Diputados de la clase política tradicional, al privilegiar un burdo acuerdo político y sus intereses personales sobre el respeto a la Ley.
“En una decisión que ofende a la ciudadanía que juraron representar y marca una página negra en la historia de Nuevo León, dichos legisladores fueron omisos ante la responsabilidad histórica de imponer un castigo ejemplar al desvío de recursos públicos cometidos”, indicaron mediante el comunicado.
De pasar al plan de destituirlos de su puesto e inhabilitar a dichos funcionarios de ejercer un cargo público por los próximos seis años, simplemente se resolvió con una sanción económica.
“Tras la denuncia en enero del 2018 por parte del Senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, ambos funcionarios fueron declarados responsables del desvío de recursos durante el acopio de firmas para la campaña presidencial de Rodríguez Calderón.
“Mientras que el presidente de la Comisión Anticorrupción, el Diputado de Movimiento Ciudadano Arturo Bonifacio de la Garza, propuso la destitución e inhabilitación de ambos funcionarios, a última hora y como resultado de un acuerdo político, el PT planteó una sanción económica de 317 mil pesos y una amonestación, propuesta que fue aprobada por los partidos tradicionales” agregó.
Ademas de esto, el partido político Movimiento Ciudadano, indicó que los partidos tradicionales llegaron al extremo de romper la legalidad del proceso e intentar dar un “golpe de estado” a la Comisión Anticorrupción para imponer su dictamen en su desesperada actuación por cumplir con un acuerdo político.
“Lo que presenciamos hoy los ciudadanos de Nuevo León en una sesión pública debería causar vergüenza a quienes privilegiaron un grosero acuerdo político ante un delito juzgado y la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para castigarlo.
“La actuación de algunos legisladores y legisladoras que integran la Comisión Anticorrupción muestra lo servil que puede ser un político cuando antepone sus intereses personales a los de la sociedad que representa”, se expresó.
