Mafia electoral del INE es la denominación que utilizó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para calificar la vasta red de corrupción empresarial e institucional que presuntamente obtuvo contratos públicos por más de 2,740 millones de pesos. El entramado involucra a proveedores de material electoral y se remonta al sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
La denuncia formal la presentó Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, durante la conferencia matutina presidencial. En la exposición detallada se expuso cómo dos contratistas operaron un esquema de empresas fachada para simular competencia en licitaciones públicas de los organismos electorales locales y federales durante una década.
Los empresarios señalados como presuntos operadores del esquema son los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. Ambos acumulan más de 27 años en el sector de proveeduría electoral, pero su incursión pública comenzó cuando colaboraron con Juan Carlos Padilla en el Registro Nacional de Población y en el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
Mafia electoral del INE no es un fenómeno reciente, enfatizó la mandataria mexicana ante los medios de comunicación. Los antecedentes de esta red corporativa datan de 1992, época en la que se constituyó la empresa Formas Finas Fernando Fernández, entidad vinculada directamente a los hermanos Hernández Casillas para suministrar papelería oficial.
Más adelante, en 1999, la compañía Cartonera Plástica ingresó como proveedora para los comicios del Estado de México. En 2005, dicha empresa consiguió un contrato de 63.7 millones de pesos que desató denuncias por presuntos sobornos y provocó la dimisión de siete consejeros del Instituto Electoral del Estado de México.
De acuerdo con la investigación ejecutada por el gobierno federal, Juan Carlos Padilla forma parte actualmente de la directiva de la agrupación política Partido Somos, organización donde también colaboran Lorenzo Córdova y otros antiguos funcionarios del Instituto Nacional Electoral. La vinculación histórica pone en evidencia la continuidad de estas relaciones.
Mafia electoral del INE funcionó a través de seis firmas comerciales interconectadas para captar adjudicaciones. Las razones sociales identificadas por las autoridades son Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Comercializadora JVLY, Corporativo ZEG y Formas Finas Fernando Fernández, las cuales simulaban competir libremente entre sí.
La investigación financiera reveló que estas corporaciones carecían de personal en nómina, capacidad técnica e infraestructura operativa real. Las empresas utilizaban a prestanombres en situación vulnerable para ocultar a los beneficiarios finales, incurriendo en presuntas conductas de lavado de dinero y emisión de comprobantes fiscales a través de empresas factureras.
Una vez asignados los contratos a cualquiera de las firmas participantes, los recursos financieros se redistribuían internamente entre los mismos beneficiarios. La falta de supervisión adecuada permitió que 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales otorgaran 2,094 millones de pesos entre 2015 y 2023 bajo esta modalidad.
Mafia electoral del INE se consolidó durante la gestión de Lorenzo Córdova como consejero presidente entre 2014 y 2023. La presidenta Sheinbaum cuestionó duramente la inacción institucional de ese periodo, señalando que las omisiones permitieron el fortalecimiento de un duopolio en la producción de insumos para las jornadas votacionales.
Respecto a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, quien encabezó el organismo entre 2024 y 2025 asignando contratos por 646.3 millones de pesos a este grupo, la mandataria aclaró que cualquier irregularidad cometida por su administración deberá investigarse exhaustivamente sin distinción alguna por las autoridades competentes.
Las anomalías administrativas o penales detectadas deberán ser comprobadas de manera independiente por la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República. La titular del Ejecutivo insistió en que el problema estructural se incubó décadas antes de la reciente reestructuración.
Mafia electoral del INE continuará bajo la supervisión de las instituciones de fiscalización del Estado mexicano. El gobierno reiteró que la apertura de licitaciones limpias y la erradicación del monopolio en materiales electorales son requisitos indispensables para transparentar los procesos democráticos venideros en el país.
El hallazgo del entramado corporativo busca desmantelar prácticas abusivas en la contratación de suministros oficiales. La administración actual sostuvo que las investigaciones continuarán hasta esclarecer el destino final del presupuesto público destinado a la organización de comicios federales y locales.
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