El presidente electo Andrés Manuel López Obrador, busca implementar la Ley de AusteridadRepublicana en toda la Administración Pública Federal, por este motivo el grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional(Morena) en la Cámara de Diputados presentó esta iniciativa.
Con esta nueva Ley de Austeridad, buscan retirar las pensiones a expresidentes, los servicios de escoltas serán restringidos solamente a funcionarios cuyo trabajo lo demande, al igual que el uso de autos blindados.
También buscan cancelar los gastos médicos mayores y los viajes en primera clase, entre otros ajustes.
En la iniciativa de ley, que consta de 13 artículos, describe que sólo los servidores públicos con alta responsabilidad en materia de seguridad, defensa exterior, procuración e impartición de justicia podrán disponer con cargo al erario de servicios de escolta.
Sólo se autorizará, por ente público, dependencia, órgano desconcentrado o entidad, los viajes oficiales que resulten estrictamente necesarios y “queda prohibida la adquisición de boletos de viajes en servicio de primera clase o equivalente, así como la contratación de servicios privados de aerotransporte”.
En tanto no se autoricen nuevos programas o se amplíen las metas de los existentes, los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica; combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, pasajes, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, estudios e investigaciones, no podrán exceder de los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior.
En adición a las previsiones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no se constituirán fideicomisos, fondos, mandatos o análogos públicos o privados, ni se permitirá hacer aportaciones, transferencias, pagos de cualquier naturaleza que tengan por objeto evadir las reglas de disciplina, transparencia y fiscalización del gasto.
Incluso, establece que los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación, así como los órganos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos concede autonomía, emitirán las disposiciones administrativas generales que sean necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.
