La nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación en México ha generado controversia y confrontación científicos y el gobierno.
Aprobada de manera apresurada, la ley transformará al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), otorgando a este último una Junta de Gobierno compuesta en su mayoría por representantes del gobierno en lugar de científicos.
La inclusión de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina en la junta ha llevado a acusaciones de militarización del sector científico. Además, la ley ha sido criticada por no mencionar explícitamente la meta de destinar el 1% del PIB a la ciencia y tecnología, lo que reduce las posibilidades de que se cumpla en el futuro.
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La ley también establece temas prioritarios para la investigación, como la inmunoterapia, la vivienda y la migración, lo que algunos ven como una mayor democratización del conocimiento, mientras que otros temen que limite el apoyo a otras áreas de investigación.
Se plantea el dilema de si México debe enfocar su inversión en ciencia y tecnología únicamente en la resolución de problemas sociales inmediatos o si también debe apoyar la ciencia básica y la investigación en disciplinas como matemáticas, física y astronomía.
Existe preocupación de que la ley sacrifique la base científica y el futuro del país al no invertir adecuadamente en ciencia y limitar la autonomía universitaria. La nueva ley ha intensificado la discusión sobre cómo se concibe la ciencia y si México está adoptando el enfoque adecuado para promover la investigación científica y tecnológica en el país.
