Redacción/ El Nacional
La presidenta de la Comisión de Gobernación, senadora Cristina Díaz Salazar, destacó la importancia de que los distintos grupos parlamentarios, en conjunto con diversos organismos públicos y la sociedad civil, revisen y fortalezcan la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Archivos (LGA).
La senadora por Nuevo León subrayó que en el Senado de la República estamos elaborando un proyecto de ley que incidirá positivamente en la rendición de cuentas y la transparencia, al incluir a todas las entidades, los sectores, partidos políticos, personas físicas, morales o sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad.
Durante la inauguración de las audiencias públicas para analizar el proyecto de la Ley General de Archivos, integrado mediante un proceso inédito de consulta con expertos, especialistas de la archivística, historiadores y organizaciones, la senadora del PRI dijo que la iniciativa presentada ante el pleno del Senado tiene por objeto establecer la organización y administración homogénea de los archivos en los diversos órdenes de gobierno, así como determinar las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.
De manera transversal, el Archivo General de la Nación, como ente rector en la materia de patrimonio documental, debe realizar investigaciones, custodiarlo y promoverlo en aras de la cultura archivística de nuestro país.
La senadora Cristina Díaz dijo que en el Senado se recibieron diversas opiniones que dieron origen a las audiencias públicas, destacando que se predispone un control político de todos los archivos de México a través de la Secretaría de Gobernación.
También, considera el plazo de dos años para depurar los contenidos de los archivos. Se propone que la valoración de los documentos en los archivos administrativos, deba ser hecha por un grupo multidisciplinario con la presencia obligatoria y no optativa, de un profesional de la historia, ya que se advierte que la definición respecto de esta función, es una tarea que requiere de conocimiento histórico.
Otra vertiente es que se expresa la carencia de fecha límite para la divulgación de datos personas y, consideran indispensable que los archivos históricos sean designados de forma explícita como fuente de acceso público, de manera que no habrá la posibilidad de espacios de opacidad o contradicción.
Sin embargo, especificó que que la propuesta favorecerá las acciones de preservación, difusión, incremento del patrimonio documental de la nación y, además sienta las bases para que el Sistema Nacional de Archivos tenga un enfoque integral y sistemático de la gestión documental, armonizando los recursos informacionales con los normativos tecnológicos y archivísticos con carácter homogéneo.
También determina los criterios y procedimientos relacionados con la consulta de archivos garantizado la debida accesibilidad y disponibilidad, cuidando la integridad de los archivos, y establece los instrumentos de control archivístico, el cuadro general de clasificación catálogo de disposiciones documentales e inventarios generales de archivos.
Agregó que dispone la existencia de órganos de control y comités generales que cumplirán sus funciones bajo criterios archivísticos en los tres niveles de gobierno; se garantiza la participación de los expertos académicos y sociedad civil en la integración del Consejo Nacional, así como en el Consejo Técnico y Científico Archivístico y, se establecen medidas de apremio y debidas sanciones.
