Un juez federal otorgó un amparo a una de las sobrevivientes y testigo de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Tlatlaya, Estado de México, en el 2014. Con esto, ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar de manera adecuada los hechos, considerando el elemento de la cadena de mando militar responsable.
El juez ordenó a la PGR que establezca si “existe alguna otra indagatoria que aún no haya consignada y que con el fin de unificar la investigación de los hechos pueda ser acumulada a la que se encuentra bajo su cargo integrando”.
Además de realizar las diligencias que considere necesarias para allegarse de mayores elementos probatorios y poder realizar una investigación exhaustiva de los hechos denunciados. El juez le dio a la PGR 30 días hábiles para realizar estas diligencias, además deberán entregar un cronograma para establecer los plazos que le tomará realizarlas.
La testigo ha denunciado que lo ocurrido en Tlatlaya se trató de una ejecución extrajudicial por parte del Ejército, porque 15 de los 22 civiles muertos ese día se encontraban rendidos cuando un pelotón de militares les disparó.
Se ha denunciado inconsistencias en las investigaciones de la PGR, como alteraciones en los cuerpos de las víctimas, además de evidenciar la falta de acciones para indagar la orden militar (cadena de mando) de abatir delincuentes en horas de oscuridad.
La testigo y la defensa han denunciado que la PGR nunca ha llamado a declarar a funcionarios que pudieron ordenar la ejecución, además de ignorar las indagatorias que ellos han elaborado y presentado para castigar a los responsables de los hechos.
