Desde este lunes y con un margen de 72 horas entra en vigor en Italia, como medida para contener la difusión del coronavirus COVID-19, el cierre de las actividades productivas no esenciales, pero los sindicatos amenazan con una huelga al considerar que son demasiadas las empresas que quedarán aún abiertas.
Ante el continuo crecimiento de los contagios en el país que superan los 46 mil casos y los 5 mil 476 muertos, el gobierno italiano anunció el sábado un decreto que determinaba el cierre de las actividades productivas no esenciales como habían pedido en muchas regiones ante el gran número de personas que aún circulan para ir a trabajar.
Tras las protestas de los empresarios, el gobierno ha dado 72 horas para que el cierre de las fábricas y resto de actividades sea efectivo y permita, por ejemplo, la distribución de la producción ya realizada.
Según el decreto, unas 80 áreas podrán permanecer abiertas y el ministro de Desarrollo Económico, Stefano Pattuanelli, explicó que corresponden a cerca del 35 % de las actividades productivas en Italia.
Sin embargo, la lista de empresas abiertas sigue siendo demasiado larga para los sindicatos y las tres siglas mayoritarias CGIL, CISL y UIL anunciaron que están dispuestas a convocar huelgas en aquellas donde no se cumplan los parámetros de seguridad o incluso amenazaron con una “huelga general”.
Entre los sectores que el gobierno ha decidido proporcionar el plazo de tres días para que cierren se encuentran todas las actividades relacionadas con la metalurgia, todas las actividades de alquiler de vehículos, el sector de la construcción, a excepción de la parte de infraestructura.
La lista de tiendas que permanecerán abiertas comprende todas las de ordenadores y teléfonos, así como los centros telefónicos de atención al cliente de estas compañías para garantizar la comunicaciones.
Además de haber confirmado la apertura de supermercados, farmacias, bancos, quioscos de periódicos y oficinas de correos.
También se permite que se mantengan abiertos los despachos fiscales, de abogados, de ingenieros y de arquitectos, al igual que toda la cadena de suministro de impresión, desde papel hasta la venta al por mayor de libros, revistas y periódicos, así como la labor de los servicios de información y de comunicación.
Se consideran esenciales las actividades para el cultivo agrícola, la cría y la producción de productos animales, todas las actividades de pesca y acuicultura, y la fabricación de máquinas para la agricultura.
Continúa la actividad de la industria de alimentos y bebidas, así como la fabricación de máquinas para estos sectores.
Se mantiene las actividades de “extracción de petróleo crudo y gas natural“, y los “servicios de apoyo” que requieren estas.
En el sector textil, se detiene la producción de “prendas de vestir”, pero no las relacionadas con la “fabricación de telas o tejidos, o elaboración de uniformes y otras prendas de trabajo”.
Siguen abierta la industria química y farmacéutica y de fabricación caucho, artículos de plástico y cristalería para laboratorios, para uso higiénico y para farmacias.
En la industria manufacturera permanecen abiertas la empresas de fabricación de generadores, transformadores y electrodomésticos para la distribución y control de electricidad; fabricación de cordeles, cuerdas y redes para embalajes de madera, fabricación de papel y toda la maquinaria relacionada.
Así como los servicios públicos de suministro de electricidad, gas y aire acondicionado, gestión de redes de alcantarillado y la recolección y eliminación de residuos.
Y también las actividades de “reparación y mantenimiento de máquinas y equipos”, la instalación de “sistemas eléctricos y de tuberías”, “mantenimiento y reparación de vehículos de motor y motocicletas” y servicios de vigilancia.
Además, la labor de la industria aeroespacial y de defensa están garantizadas, así como otras de importancia estratégica para la economía nacional, añade el decreto.
