Un tribunal español ha ordenado investigar a los dueños de una empresa funeraria por su presunta participación en una venta ilícita de cadáveres a universidades, según la Audiencia Provincial de Valencia. Esta decisión sigue a un recurso interpuesto por la Fiscalía contra el criterio del juez instructor del caso, en el que ya estaban siendo investigados dos empleados de la funeraria.

El caso se desglosa en dos causas abiertas por un juzgado de instrucción de Valencia: una relacionada con supuestas irregularidades en la venta de un cadáver específico y otra que aborda un posible entramado criminal más amplio sobre esta cuestión. La reciente decisión de la Audiencia Provincial se refiere a la primera de estas causas, concretamente a la venta del cuerpo de un hombre fallecido en el hospital La Fe a una universidad.

Inicialmente, el juez instructor consideró que un posible delito de falsedad documental en el Registro Civil fue cometido únicamente por los empleados de la funeraria. No obstante, la Fiscalía discrepa y argumenta que la “implicación, conocimiento y capacidad de decisión” de los dueños de la funeraria es innegable.

Los dos empleados y los dos dueños, de entre 41 y 74 años, fueron detenidos en enero y puestos en libertad provisional tras declarar. La policía sospecha que la empresa llegó a facturar 5,040 euros (aproximadamente 5,500 dólares) a una universidad por once incineraciones de cuerpos. Sin embargo, estas incineraciones no estaban reflejadas en las facturas de ninguna de las incineradoras de la ciudad.

Según las investigaciones, los implicados aprovechaban la disección y desmembramiento de los cuerpos para introducirlos en los féretros de otros difuntos, realizando de una sola vez la cremación de varios cadáveres. Este modus operandi les habría permitido ahorrar costes, mientras que facturaban estas cremaciones a la universidad, obteniendo notables beneficios.

La investigación se inició a principios de 2023 cuando los agentes descubrieron que un cadáver había sido retirado irregularmente de la morgue de un hospital por una funeraria. Se sospecha que para lograrlo, se falsificaron documentos en el libro de registro de la morgue y en la documentación facilitada al Registro Civil. Los investigadores comprobaron que dos trabajadores de la funeraria, tras falsificar documentos, se apoderaron de un cadáver en la morgue del hospital y lo trasladaron a una universidad para su estudio en lugar de darle sepultura.

Este caso ha generado gran controversia y pone de manifiesto la necesidad de una mayor vigilancia y control en la gestión de los cadáveres para evitar abusos y delitos en este ámbito tan sensible. La investigación sigue en curso, y las autoridades judiciales continuarán indagando para esclarecer todos los detalles y responsabilidades involucradas.

Redacción/El Nacional