La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) debe colocar en el centro la disponibilidad de medicamentos genéricos, ante los obstáculos que actualmente enfrenta su acceso en el país, advirtió Ricardo del Olmo, director general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam).
El representante del sector señaló que, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos y Canadá, en México los mecanismos legales permiten que empresas extiendan de forma artificial la vigencia de sus patentes mediante litigios prolongados, lo que retrasa la entrada de genéricos al mercado y mantiene elevados los costos de los tratamientos.
En entrevista, explicó que mientras en los otros países del bloque existen medidas que sancionan estas prácticas e incluso compensan a fabricantes afectados, en México no hay consecuencias claras, lo que limita la competencia y afecta directamente al sistema de salud.
Del Olmo subrayó que este escenario debe ser atendido durante la revisión del acuerdo comercial, junto con la necesidad de fortalecer la producción regional de insumos farmacéuticos. Recordó que en décadas pasadas México contaba con capacidad para producir ingredientes activos, pero actualmente más del 90 por ciento se importa, principalmente desde Asia.
Esta dependencia, advirtió, representa un riesgo para la soberanía sanitaria del país, por lo que planteó la implementación de incentivos, así como esquemas arancelarios diferenciados para impulsar la producción local.
Asimismo, destacó que el Plan México puede convertirse en un instrumento clave para atraer inversiones al sector farmacéutico y avanzar hacia la autosuficiencia.
En cuanto al marco legal, explicó que el T-MEC establece condiciones distintas para cada país: mientras Estados Unidos y Canadá cuentan con reglas más estrictas para evitar abusos en patentes, en México el sistema permite que las farmacéuticas interpongan recursos legales que frenan el registro sanitario de genéricos ante la Cofepris.
Esto provoca que, incluso cuando ya existen alternativas más económicas, las instituciones públicas deban seguir adquiriendo medicamentos innovadores a precios más altos.
Ante este panorama, el directivo planteó la necesidad de homologar las disposiciones dentro del tratado para garantizar condiciones equitativas y facilitar el acceso a medicamentos de menor costo.
