INE prepara una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles actos de corrupción relacionados con la asignación de contratos a empresas proveedoras del organismo electoral. La consejera presidenta provisional, Blanca Cruz, confirmó que las 10 consejerías acordaron iniciar el procedimiento para que se investiguen presuntas irregularidades vinculadas con la gestión de Guadalupe Taddei, quien encabezó anteriormente el instituto.
La denuncia buscará deslindar responsabilidades entre funcionarios y exfuncionarios, sin limitar las indagatorias a una persona en particular. Cruz explicó que el recurso incluirá a quienes ocuparon la presidencia, la Secretaría Ejecutiva, direcciones y otros cargos, siempre que existan indicios sobre posibles conductas sancionables.
Los 10 integrantes del Instituto Nacional Electoral acordaron que sus equipos jurídicos trabajen en la presentación de la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República. El objetivo es que la autoridad determine si existen elementos para iniciar una investigación penal sobre la presunta asignación irregular de contratos a una red de empresas proveedoras.
En entrevista, Blanca Cruz señaló que el procedimiento se planteará “a quien corresponda”, debido a que las posibles irregularidades podrían involucrar a varios funcionarios. La consejera presidenta provisional precisó que no se presentará una lista específica de personas señaladas, sino que se solicitará investigar a cualquier colaborador que pudiera tener responsabilidad.
INE investiga posibles irregularidades en contratos institucionales
“Las 10 consejerías estamos en el acuerdo de que nuestros equipos jurídicos trabajen para poder presentar la denuncia correspondiente, dar vista a la Fiscalía General de la República, para deslindar responsabilidades de ‘A quien corresponda’”, sostuvo.
Cruz indicó que la Fiscalía será la instancia encargada de establecer si el caso deriva en una investigación formal y de determinar quiénes podrían estar involucrados. La denuncia contempla a Guadalupe Taddei, así como a quienes ocuparon la Secretaría Ejecutiva, cargos directivos y otras posiciones dentro del organismo.
La funcionaria explicó que las responsabilidades no necesariamente recaerían en una sola persona. La indagatoria podría alcanzar a servidores públicos de distintos niveles, incluidos subdirectores, en caso de que se identifiquen conductas posiblemente tipificadas como delitos.
La consejera presidenta provisional señaló que la revisión de las contrataciones debe abarcar los periodos que determinen las autoridades responsables. Planteó que el análisis no se limite a los años recientes, sino que también considere ejercicios anteriores, lo que podría incluir la gestión de Lorenzo Córdova al frente del instituto.
En ese contexto, las consejerías analizaron solicitar a la Auditoría Superior de la Federación un ejercicio emergente de fiscalización sobre las adquisiciones y el desempeño administrativo del organismo.
La propuesta busca revisar el funcionamiento de los procesos de compra y contratación, así como identificar posibles anomalías que requieran aclaración. La fiscalización permitiría examinar el uso de recursos públicos y establecer si hubo irregularidades en la operación de las áreas responsables.
El acuerdo contempla que la revisión no se concentre únicamente en las personas señaladas inicialmente, sino que permita identificar cualquier responsabilidad derivada de los procedimientos administrativos.
Los consejeros electorales también avalaron que, durante la sesión del Consejo General prevista para el 4 de noviembre, se adopten medidas emergentes de carácter administrativo. Estas acciones estarán orientadas al deslinde de responsabilidades y a facilitar la colaboración con la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Interno de Control del instituto.
El organismo busca que las instancias fiscalizadoras puedan continuar con las indagatorias que ya realizan. La revisión administrativa y la denuncia penal se desarrollarán por vías distintas, de acuerdo con las atribuciones de cada autoridad.
Cruz asumió la titularidad provisional del INE el 27 de octubre, tras la salida de Taddei. Desde entonces, las consejerías han abordado las acciones que deberán emprenderse para atender las posibles irregularidades señaladas en las contrataciones.
La consejera sostuvo que será necesario revisar los años que se consideren pertinentes para establecer el alcance de las investigaciones. El procedimiento podría involucrar a funcionarios de diferentes administraciones, dependiendo de los resultados de las auditorías y de las diligencias de la Fiscalía.
Blanca Cruz indicó que, hasta el momento, el instituto no cuenta con denuncias por posibles actos de corrupción en los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLE). Sin embargo, señaló que el deslinde de responsabilidades deberá considerar a cualquier funcionario que pudiera estar involucrado, incluidos aquellos que desempeñan funciones en las instancias estatales.
Los organismos electorales locales tienen a su cargo la organización de los comicios en sus respectivas entidades, bajo el marco de coordinación establecido con el INE. La revisión anunciada buscará determinar si las posibles irregularidades se circunscriben a la estructura nacional o si existen elementos que ameriten ampliar las indagatorias.
INE anuncia acciones legales por presunta corrupción
La denuncia ante la FGR no representa por sí misma una determinación de culpabilidad contra Taddei ni contra otros funcionarios. Corresponderá a las autoridades competentes analizar los elementos que se presenten, definir si existen delitos y, en su caso, establecer las responsabilidades legales.
El caso abre una etapa de revisión interna en el organismo electoral, con medidas de fiscalización y cooperación institucional para esclarecer las presuntas irregularidades en la contratación de proveedores. Las decisiones posteriores dependerán de los resultados de las auditorías y de las investigaciones que determine la Fiscalía.
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