El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, negó ayer la extradición a México donde es acusado de lavado de dinero y de peculado, aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública, esto tras su comparecencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Circuito Judicial de Panamá.
Por su parte, el tribunal anunció anoche que hoy, a las 16:30 horas locales, notificará si decide aceptar o rechazar la petición del gobierno mexicano de extraditar a su país a Borge Angulo.
El magistrado panameño Mauricio Marín, presidente del tribunal, reconoció, a las 20:24 horas, al final de audiencia que empezó a las 17:45 horas y registró dos recesos, que por la “complejidad” del caso esa instancia decidió hacer un “análisis minucioso” de cada argumento y evidencia presentada por el Ministerio Público de Panamá y rebatidos por el equipo de defensa legal del exgobernador.
Pese a que se desistió de aceptar y allanarse a la extradición, derecho al que puede acogerse en cualquier momento, el fiscal panameño José Candanedo, del Ministerio Público de Panamá (que defiende los intereses del gobierno mexicano), alertó al tribunal de que Borge “puede perderse de vista” si se le otorga la libertad, y pidió que rechace la petición de la defensa de dejarlo libre previo pago de una fianza o favorecerlo con un rango distinto al de permanecer encarcelado.
El abogado Arturo González, defensor del acusado, negó el riesgo de fuga y garantizó su arraigo en Panamá.
La comparecencia de ayer reveló que en la solicitud formal que el 24 de julio presentó a Panamá para la extradición de Borge, detenido el pasado 4 de junio en el aeropuerto internacional Tocumen, cuando se disponía a viajar a Francia, el gobierno mexicano añadió tres aparentes delitos estatales en Quintana Roo, con órdenes judiciales de arresto emitidas por autoridades judiciales de Chetumal: peculado, desempeño irregular de función pública y aprovechamiento ilícito del poder.
