Hackeo al buró laboral en México dejó al descubierto una extensa base de datos clandestina con más de 2 millones 400 mil registros confidenciales pertenecientes a empleados de todo el país. Esta grave brecha de seguridad digital vulnera directamente la privacidad y el patrimonio informativo de exactamente 766 mil 968 personas, cuyos expedientes comenzaron a comercializarse ilícitamente a través de diversos canales en internet.
De acuerdo con la información revelada por el periodista especializado Ignacio Gómez Villaseñor, el ciberataque fue perpetrado por un grupo de delincuentes informáticos identificado como Eternal. Esta misma organización criminal ha sido vinculada previamente con intrusiones de alto impacto contra corporativos relevantes como Aeroméxico y Ahorra Seguros, demostrando una capacidad técnica sostenida para vulnerar servidores privados.
Los responsables de esta filtración ofrecen el paquete completo de archivos mediante grupos en la plataforma de mensajería instantánea Telegram por un costo de apenas 3 mil 500 pesos mexicanos. El volumen total de la información sustraída incluye un millón 479 mil 630 historiales de empleo detallados, evidenciando el funcionamiento de una red informal de vetos laborales que opera al margen de la normativa vigente en México.
El contenido de los documentos comprometidos abarca información altamente sensible que facilita delitos como la suplantación de identidad y el fraude financiero. Entre los campos expuestos figuran nombres completos, fechas de nacimiento, la Clave Única de Registro de Población y el Registro Federal de Contribuyentes de cientos de miles de ciudadanos activos en el sector formal.
Asimismo, la filtración incluye el número de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, detalles sobre créditos hipotecarios vigentes ante el Infonavit y el tabulador salarial histórico de cada afectado. El archivo también registra solicitudes de investigación interna y señala específicamente a trabajadores que interpusieron demandas ante las extintas Juntas de Conciliación y Arbitraje contra antiguos empleadores.
Más allá de los perfiles individuales de los empleados, la base de datos vulnerada expone el listado de compañías que presuntamente recurren con mayor frecuencia a este sistema de consulta previo a la contratación. Dentro de los registros filtrados aparecen nombres de firmas de gran escala como Grupo Bimbo, Gruma, Waldo’s, así como las consultoras internacionales PwC y Deloitte.
La existencia de estos registros confirma una práctica persistente en el mercado nacional donde se boletina a empleados para restringir su reinserción profesional. Este mecanismo funciona como un filtro silencioso que penaliza a quienes ejercieron su derecho constitucional a litigar conflictos laborales o se separaron de sus puestos en circunstancias contenciosas.
Especialistas en derecho corporativo subrayan que tanto la creación como la consulta de listas negras constituyen una infracción directa al artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo. Dicha disposición prohíbe expresamente a los patrones emplear sistemas de índice para impedir que trabajadores separados vuelvan a colocarse en otras fuentes de empleo.
Adicionalmente, el almacenamiento y la exposición no autorizada de esta información contravienen la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Las entidades que administraban estos repositorios tenían la obligación legal de garantizar la ciberseguridad de los expedientes, por lo que enfrentan posibles sanciones administrativas millonarias tras la reestructuración regulatoria aplicada en 2025.
Los ciudadanos cuyos datos aparezcan en esta filtración cuentan con diversos mecanismos institucionales para exigir la reparación del daño y la sanción a los responsables. En el ámbito administrativo laboral, los afectados pueden acudir ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o solicitar representación jurídica gratuita mediante la Profedet para denunciar prácticas de boletinaje.
De igual forma, los trabajadores tienen facultad para ejercer sus derechos de cancelación y oposición ante las autoridades reguladoras de privacidad o presentar quejas por discriminación laboral ante el Conapred. En casos donde se compruebe un perjuicio patrimonial directo derivado de la pérdida de oportunidades profesionales, resulta procedente promover una demanda civil por daño moral. Para enterarte de más, visita Periódico El Nacional.
Monterrey y Área Metropolitana, Nuevo León, México
contacto@elnacionalperiodico.mx
El Nacional es el medio de comunicación líder en Monterrey y su Área Metropolitana. Nuestro compromiso es brindar información veraz, oportuna y objetiva, analizando el acontecer local e internacional desde una perspectiva periodística moderna y profesional.
y obtén un descuento especial
© Periódico El Nacional. Todos los derechos reservados. 2026
