Redacción/El Nacional
El portavoz presidencial Eduardo Sánchez declaró en a una agencia de noticias que el gobierno federal y la PGR han actuado de forma “impecable” en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos hace tres meses y medio en Iguala.
“Creemos que la participación del Gobierno Federal, particularmente de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía), ha sido impecable”, pues “se han cubierto todos los requisitos que una investigación profesional a nivel internacional son reconocidos para tal efecto”, señaló.
Según Sánchez, “se han seguido todos los protocolos, se ha sido minucioso en la investigación, se ha sido escrupuloso en la manera de aportar incluso los datos a la opinión pública”, y “el trabajo de la PGR ha sido muy profesional”.
El vocero aseguró que el Gobierno tiene que hacer “la investigación” y “darle a los padres de los normalistas toda la asistencia psicológica, jurídica y de cualquier otra disciplina para que puedan enfrentar este procedimiento desde el punto de vista legal y humano y de la mejor manera posible”.
“La desaparición de unas personas como ocurrió allá es algo irreparable y en ese sentido no hay nada que hacer”, añadió Sánchez.
Además de explicar que en principio el tema correspondía a la autoridad estatal, Sánchez indicó que “después se tomó la decisión de que la PGR interviniera de manera directa y los resultados están allí”, afirmó en alusión la decisión de la fiscalía general de asumir la investigación el 5 de octubre, una semana después de los hechos.
Sánchez recordó que “ya hubo un resultado parcial”, cuando fueron identificados como los de una de las víctimas unos restos hallados en un vertedero en el que supuestamente los criminales del cártel de drogas de los Guerrero Unidos quemaron a los jóvenes tras recibirlos de manos de policías corruptos de Iguala que los habían secuestrado.
“Estamos en espera de lo que Innsbruck (Austria)”, donde está el laboratorio en el que se estudian otros restos, “pueda decir”, agregó el entrevistado, antes de aclarar que “son procesos muy complicados, muy complejos”.
Sobre la posibilidad de que un tribunal internacional juzgue al Estado mexicano por este caso, fue claro: “Lo que nos ocupa es que México siga manteniendo su ruta hacia las mejores prácticas en materia de derechos humanos a nivel internacional”.
