La Fiscalía General de la República solicitó 17 mil 346 millones para el ejercicio fiscal 2021, 644 millones de pesos más de lo que recibió de presupuesto en el presente año.
En los últimos años, la dependencia federal ha sido una de las más castigadas en cuestión de recursos, pese al papel que desempeña y las investigaciones de alto impacto que tiene en sus manos.
Por ejemplo, para el ejercicio fiscal de 2020, la fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero solicitó originalmente en su Proyecto de Presupuesto 18 mil 200 millones de pesos, pero solo le fueron aprobados 16 mil 702 millones de pesos. Para el 2021, la dependencia busca destinar, en caso de que se apruebe su propuesta, 2 mil 954 millones 158 mil 380 pesos a la Policía Federal Ministerial, encargada de ejecutar investigaciones que le ordena el Ministerio Público Federal, además de que cumplimenta órdenes de aprehensión, detención y localización en todo el país, entre otras funciones.
Mil 195 millones 110 mil 835 pesos propone destinarlos a la Coordinación General de Servicios Periciales, una de las áreas vitales de la institución. Mientras que mil 667 millones 256 mil 924 pretende asignarlo a la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, responsable de la coordinación de las 32 delegaciones de la FGR en territorio nacional.
Para la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, cuya función es indagar delitos de más alto impacto se propone ofrecer 588 millones 616 mil pesos, monto que supera casi en lo doble a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales a la que propone asignar 254 millones 786 mil pesos.
El Proyecto de Presupuesto contempla que la FGR necesita 228 millones 356 mil 774 a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos; para la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura 19 millones 32 mil 353 pesos.
En el proyecto se menciona que para el año siguiente se enfocará a atender la investigación de los mercados criminales, conforme a la priorización nacional y a las necesidades del estado, tales como: corrupción, delitos contra el patrimonio nacional, delitos económicos y financieros, delitos cometidos contra los Derechos Humanos, delitos en contra de la libertad de las personas, delitos contra la libertad de expresión, delitos contra el comercio, delitos de armas de fuego, delitos contra el sistema electoral, delitos ambientales, entre otros.