Feminicidio es el delito por el que un juez de control sentenció a 96 años y cinco meses de prisión a Julio César N por el asesinato de dos mujeres transexuales ocurrido en Nuevo León.
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León destacó la resolución como un precedente. Según el vicefiscal Alejandro Carlín Balboa, es la primera sentencia de este tipo en la entidad y, de acuerdo con la autoridad, también a nivel nacional.
Carlín Balboa explicó que los hechos ocurrieron en momentos distintos y que las víctimas fueron reconocidas en la investigación como personas transexuales. Señaló que la resolución tomó en cuenta esa condición para determinar que los asesinatos fueran sancionados como feminicidio.
La Fiscalía informó que Julio César N fue condenado por los delitos relacionados con la muerte de ambas víctimas. La pena establecida por el juez de control asciende a 96 años y cinco meses.
El marco jurídico puede consultarse en el Código Penal de Nuevo León, cuya versión disponible registra una reforma publicada en junio de 2026.
El primer asesinato ocurrió el 26 de julio de 2024 dentro de un motel ubicado en la colonia Crispín Treviño, en el municipio de Guadalupe. De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía, la víctima murió por asfixia mediante estrangulamiento.
Dos días después, el 28 de julio, se registró el segundo hecho en un domicilio de la colonia Terminal, en Monterrey. La segunda víctima también murió por asfixia por estrangulamiento, según la autoridad.
El Gobierno de Guadalupe mantiene información institucional, mientras que el Gobierno de Monterrey dispone de canales oficiales.
La investigación correspondió a las autoridades de procuración de justicia. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León es la institución responsable de la investigación de delitos y de las acciones ministeriales correspondientes.
Uno de los elementos destacados fue el reconocimiento de la identidad de género de las víctimas dentro de la resolución. Carlín Balboa sostuvo que el criterio adoptado reconoce el género con el que se identificaban.
La explicación se relaciona con el marco legal estatal. El Congreso de Nuevo León publica el ordenamiento y las disposiciones aplicables.
El tema cuenta con antecedentes judiciales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha difundido información sobre feminicidio y razones de género, mientras que el Semanario Judicial de la Federación reúne criterios jurisdiccionales.
En 2025, la Suprema Corte informó que las disposiciones sobre feminicidio pueden aplicarse a mujeres transgénero y transexuales. Ese antecedente corresponde a otro caso y entidad.
De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, la sentencia representa un hecho relevante para el tratamiento judicial de los asesinatos de mujeres trans en Nuevo León. La autoridad estatal señaló que el fallo reconoce la condición de género de las víctimas dentro de la calificación jurídica de los hechos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación cuentan con información relacionada con derechos, igualdad y discriminación por identidad de género. El Sistema Nacional de Información sobre Discriminación reúne datos y estudios sobre diversidad sexual y de género.
En el ámbito estatal, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León está vinculada con la protección de los derechos humanos. El Poder Judicial del Estado de Nuevo León ejerce la función jurisdiccional local.
La información disponible no identifica a las víctimas por sus nombres ni detalla otros elementos de la investigación. Tampoco se precisan en el reporte consultado los motivos específicos atribuidos al condenado ni circunstancias adicionales de cada domicilio o establecimiento. Por ello, esos aspectos no se incorporan y se mantiene la información proporcionada por la autoridad sobre fechas, lugares, causa de muerte, identidad de género y sentencia.
El caso comenzó con dos asesinatos cometidos con dos días de diferencia y concluyó, de acuerdo con la información difundida por la Fiscalía, con una sentencia de 96 años y cinco meses de prisión para Julio César N. La resolución establece la responsabilidad penal del condenado por los hechos señalados y constituye el cierre judicial informado hasta ahora por las autoridades.
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