Redacción/El Nacional
Después de que la candidata del Partido Acción Nacional a la gubernatura al Estado de México, Josefina Vázquez Mota y el presidente de dicho partido Ricardo Anaya presentaran, documentos donde presuntamente se exonera a la familia de la política de lavado de dinero la Procuraduría General de la Republica (PGR) los contradijo.
La PGR rechazó que los oficios que presentó este domingo la panista Josefina Vázquez Mota, en torno a las investigaciones contra su padre y seis hermanos, sean una exoneración y aclaró que los documentos sólo son una respuesta por parte de la institución donde no responsabiliza ni exculpa a los familiares de la abandera albiazul.
“La respuesta emitida por esta Unidad no pueda considerarse, en ningún sentido, como una exoneración, sino únicamente como un documento en el que, en estricto respeto a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en diversos Tratados Internacionales, se informó a los solicitantes que no era y no había sido objeto de dicha investigación”, explicó la PGR.
En diciembre de 2015 la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó una denuncia ante la Unidad Especializada de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR, contra María José Tábata Roldán Urdapilleta, y de las empresas Smart Business y Bolshoye.
La investigación alcanzó a los familiares de Josefina Vázquez Mota —su padre y seis hermanos— porque recibieron 17 millones de pesos de esas empresas que en 2013 fueron denunciadas por la Secretaría de Hacienda debido al trasiego de más de 400 millones de pesos, cuyo origen era presuntamente ilícito.
El oficio mostrado este domingo por Josefina Vázquez Mota y Ricardo Anaya dice que “si bien hubo recursos materia de análisis por parte de esta Unidad de Inteligencia Financiera, referentes a Arnulfo Vázquez Cano [padre de Josefina]”, así como seis de sus hermanos, no son materia de la denuncia específica que la unidad presentó, toda vez que la misma se formuló única y exclusivamente contra las empresas Smart Business Consulting Sima SA de CV y Bolshoye SA de CV, así como contra sus representantes.
La PGR explicó que en materia penal existen dos vías para dictar una resolución que implique la ausencia de responsabilidad de una persona sujeta a un proceso penal.
En materia ministerial, detalló, debió haber existido una investigación, que no aconteció, y que una vez agotada, se considere la inexistencia del delito o, en su defecto, la ausencia de responsabilidad de los investigados.
En ese supuesto, informó la dependencia, la resolución y su posterior comunicación se hubiera debido formular en los términos establecidos por la legislación procesal penal.
La PGR informó que en cuanto a la materia Judicial, la autoridad judicial debe dictar una sentencia absolutoria y que ésta, a su vez, sea confirmada por el Tribunal de Apelación.
