Las extorsiones en Nuevo León alcanzaron un nuevo máximo al sumar mil 4 carpetas de investigación entre enero y septiembre de 2026, una cifra que ya supera los mil registros y rebasa las 940 denuncias contabilizadas durante todo 2025. Con este resultado, el estado se colocó en el tercer lugar nacional por este delito, solamente detrás de la Ciudad de México y el Estado de México.
De acuerdo con los datos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, durante los primeros nueve meses del año se abrieron mil 4 investigaciones por extorsión. La cifra representa el 12.43 por ciento de las 8 mil 80 carpetas registradas en el país, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El indicador también resulta elevado al considerar el tamaño de la población. Nuevo León reportó 15.9 víctimas por cada 100 mil habitantes, más del doble de la media nacional, que se ubicó en 6.4. Los registros muestran que el problema mantiene una tendencia preocupante, aunque las autoridades también deben considerar que no todos los casos llegan a denunciarse.
Las mil 4 carpetas abiertas entre enero y septiembre de 2026 ya rebasaron el total de 940 investigaciones con las que cerró 2025. De esta manera, el estado superó el máximo registrado hasta el año pasado, incluso antes de concluir el actual periodo anual.
Cada carpeta corresponde a una denuncia formal presentada ante las autoridades. Sin embargo, los registros oficiales no necesariamente representan la totalidad de las víctimas, debido a que una parte de las personas afectadas decide no acudir al Ministerio Público.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi permite dimensionar ese problema. De acuerdo con los datos citados en el reporte, en 2024 casi 97 de cada 100 extorsiones en Nuevo León no llegaron ante el Ministerio Público.
Esto significa que el aumento de las carpetas puede reflejar tanto un crecimiento de los casos como una mayor disposición de las víctimas para denunciar. Por esa razón, las cifras deben analizarse junto con los indicadores de victimización y la llamada cifra negra.
El incremento contrasta con el comportamiento de los homicidios. Según los datos del Secretariado Ejecutivo, el promedio diario de ese delito disminuyó 51.1 por ciento entre los primeros ocho meses de 2025 y el mismo periodo de 2026. Así, mientras ese indicador presentó una reducción, las denuncias por extorsión continuaron aumentando.
Parte de las investigaciones está relacionada con grupos que realizan cobros ilegales y amenazas. En abril, autoridades detuvieron en Lampazos a dos hombres y una mujer señalados por presuntamente participar en actividades de cobro de piso. De acuerdo con información de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, reportes de inteligencia los vinculaban con una organización dedicada también al narcomenudeo.
Después de esas detenciones se activó el Operativo Muralla ante la posibilidad del ingreso de un grupo delictivo a Nuevo León. Este dispositivo busca reforzar la vigilancia en los límites del estado y evitar el desplazamiento de organizaciones criminales hacia territorio nuevoleonés.
Otro fenómeno identificado es el de los préstamos conocidos como gota a gota. Se trata de esquemas de financiamiento informal que ofrecen cantidades pequeñas de dinero con intereses elevados y posteriormente recurren a amenazas o intimidaciones para exigir los pagos.
En Santiago, policías municipales detuvieron a cuatro ciudadanos colombianos que presuntamente ofrecían préstamos mediante una aplicación, con cantidades de mil a cinco mil pesos e intereses del 20 por ciento. Los detenidos quedaron a disposición del Instituto Nacional de Migración, luego de que no acreditaran su estancia legal en el país, según el reporte.
También se han registrado investigaciones por extorsiones relacionadas con la difusión de contenido privado en internet. En marzo, la Fiscalía estatal detuvo a presuntos administradores de las cuentas conocidas como Tía Paty, señaladas por publicar material privado y solicitar dinero a cambio de retirarlo.
El sector del transporte de carga también ha advertido sobre los riesgos que enfrenta en las carreteras. Durante el paro nacional de transportistas, representantes de Nuevo León colocaron la extorsión entre sus principales reclamos y señalaron que los operadores pueden sufrir entre dos y tres casos de robo o cobro ilegal por semana.
Melisa Tamez, delegada de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga en Nuevo León, expuso la frecuencia de estos incidentes. Por su parte, Edmundo Espinosa Cuamazzi, vicepresidente nacional de la Organización Integradora de Derechos Convencionales, mencionó cobros que pueden alcanzar entre 30 mil y 60 mil pesos.
El dirigente también señaló que algunos de esos pagos serían exigidos por personas que portan uniformes, aunque reconoció que muchos operadores prefieren no denunciar por temor a represalias.
La industria manufacturera ha expresado preocupaciones similares. En marzo, Jorge Santos Reyna, presidente de Caintra Nuevo León, informó que el 54 por ciento de los industriales consultados había sufrido alguna extorsión, principalmente durante el traslado de mercancías. Según lo expuesto, en nueve de cada diez casos habrían participado autoridades municipales.
Estos señalamientos reflejan el impacto que el delito puede tener en la actividad económica, pues los cobros ilegales afectan los costos de operación, la seguridad de los trabajadores y la distribución de productos.
La Fiscalía estatal alertó sobre una modalidad en la que delincuentes obtienen fotografías de perfiles públicos en redes sociales y las modifican con herramientas de inteligencia artificial para amenazar a las víctimas o a sus familiares. Los responsables utilizan esas imágenes como parte de sus mensajes para presionar a las personas y exigirles dinero.
De acuerdo con especialistas de la dependencia, esta práctica se volvió más accesible desde 2023 y 2024, cuando los teléfonos celulares de gama media comenzaron a facilitar la edición de fotografías. A diferencia de otros delitos que requieren una estructura más compleja, para realizar una extorsión telefónica puede bastar con un chip y una persona que contacte a la víctima.
Entre los afectados también se encuentran familiares de personas desaparecidas. En octubre, la Fiscalía Especializada en Antisecuestros detuvo en Pesquería a una mujer buscada por autoridades de Tamaulipas, acusada de solicitar dinero a familiares a cambio de supuesta información sobre el paradero de sus seres queridos.
La Fiscalía recomienda no compartir información personal con desconocidos, verificar directamente cualquier emergencia comunicada por teléfono y evitar realizar depósitos bajo amenazas. También cuenta con áreas especializadas para recibir reportes y orientar a las víctimas.
El 20 de octubre, el Congreso de Nuevo León aprobó por unanimidad derogar el artículo 395 del Código Penal estatal. Con este cambio, las investigaciones y sanciones por extorsión se regirán por la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2025.
La legislación federal establece un tipo penal aplicable en todo el país y busca homologar las disposiciones para investigar y castigar conductas como el cobro de piso. La reforma representa un cambio en el marco jurídico que deberán aplicar las autoridades estatales.
Ante una llamada de extorsión, la Fiscalía recomienda mantener la calma, no realizar depósitos ni transferencias, comunicarse directamente con el familiar que supuestamente está en peligro y reportar el hecho al 089. También pueden solicitarse orientación y apoyo a través de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y de la Policía Cibernética estatal.
El avance de las denuncias coloca a Nuevo León entre las entidades con más registros de este delito. Aunque las cifras oficiales permiten conocer la dimensión de los casos denunciados, la cantidad de extorsiones que no llegan a las autoridades muestra que el problema podría ser mayor.
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