Organizaciones No Gubernamentales exigen ir tras mandos militares

Redacción/El Nacional

Ante los hechos registrados en el Palmarito, Puebla, José Miguel Vivanco, Director de la División de las Américas de Human Rights Watch, exigió se investigue a altos mandos responsables de las acciones militares, sin importar el rango de los uniformados.

“Los que tengan responsabilidades de supervisión de estos hechos, de la actividad de estos soldados en esa zona del País, en Puebla, que usualmente llegan a los grados de comandantes, coroneles o generales, son esos los que también deben que ser objeto de investigaciones”, señaló.

José Miguel Vivanco, Director de la División de las Américas de Human Rights Watch.

“Hay normas básicas (de actuación) y todas ellas se violan en este video, que ojalá sirva para investigar estos hechos (…) y mostrar a todo el mundo que los discursos del Secretario de la Defensa no son promesas vacías, sino que hay un compromiso serio por cambiar radicalmente la conducta de los militares que participan en tareas propias de policía contra el crimen organizado en México”.

 

Vivanco insistió en que los soldados no deben realizar labores de policías, ya que tienen una lógica diferente sobre el uso de la fuerza letal, además de que comentó que solo los militares de bajo rango reciben sanciones.

Al respecto de las imágenes difundidas, observó que los elementos castrenses actuaron con gran naturalidad, como si ejecutar a alguien en el suelo fuera una práctica legal y normal, lo cual calificó de aterrador.

José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), advirtió que incluso en contextos de guerra los militares no tienen autorización para matar a una persona indefensa, aún cuando haya sido combatiente.

José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Por esto, dijo que espera que el Gobierno federal mande un mensaje del más alto nivel de que no se tolerarán actos como ese.

“De lo contrario, esto confirma lo que hemos venido diciendo de tiempo atrás: que el ejecutar civiles forma parte de una política del Estado”, advirtió.