Una veintena de alcaldes de Nuevo León, tanto de la zona metropolitana como de municipios rurales, exigieron este lunes al Gobierno del Estado la liberación inmediata de los recursos que, afirman, permanecen retenidos desde hace varios meses y que ascienden a entre mil 600 y mil 700 millones de pesos.
Los presidentes municipales entregaron un escrito en el Palacio de Gobierno dirigido al Ejecutivo estatal, en el que solicitaron que se instruya a la Tesorería estatal para realizar las transferencias correspondientes a cada municipio, al considerar que la retención de estos recursos es ilegal y afecta directamente a la ciudadanía.
El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, quien habló en representación de los ediles, explicó que los recursos corresponden a participaciones y aportaciones municipales derivadas del pago de refrendos vehiculares, multas de tránsito e impuestos, entre otros conceptos que por ley deben ser distribuidos entre los municipios.
“Estamos estimando más o menos que pudiera llegar hasta los mil 600 o mil 700 millones de pesos lo que adeuda el Estado a los diferentes municipios”, señaló.
El edil subrayó que no se trata de una deuda con los gobiernos municipales, sino con los ciudadanos, ya que la falta de esos recursos limita la prestación de servicios públicos, inversiones en infraestructura, mantenimiento urbano y programas de seguridad.
Durante la manifestación, los alcaldes señalaron que la exigencia representa el inicio de un procedimiento formal para reclamar los recursos.
De acuerdo con Adrián de la Garza, si el Gobierno estatal mantiene el incumplimiento, podrían iniciarse acciones administrativas, financieras e incluso denuncias penales contra los funcionarios responsables de retener el dinero.
“Es una cuestión de derechos y obligaciones; el derecho que tienen los municipios de recibir los recursos que les corresponden y la obligación del Estado de transferirlos”, expresó.
Los presidentes municipales afirmaron que esta no es la primera ocasión en que el Gobierno estatal retrasa la entrega de participaciones municipales durante la actual administración.
Recordaron que desde hace varios años se han presentado diferencias entre el Ejecutivo y diversos municipios por la distribución de recursos estatales, situación que ha derivado en controversias legales y constantes reclamos públicos.
Adrián de la Garza aseguró que, pese a haber ocupado anteriormente la alcaldía de Monterrey, nunca había enfrentado una retención de recursos de esta magnitud.
El diferendo entre municipios y Gobierno del Estado forma parte del conflicto financiero que ambas partes mantienen desde hace varios ejercicios presupuestales.
Durante los últimos años, alcaldes de distintos partidos políticos han acusado retrasos en la entrega de participaciones, mientras que el Ejecutivo ha argumentado que algunos pagos dependen de la disponibilidad financiera y de procesos administrativos.
La falta de un presupuesto estatal aprobado en ejercicios anteriores y los desacuerdos entre el Gobierno estatal y el Congreso local también han generado tensiones sobre la distribución de recursos públicos.
Especialistas en finanzas públicas han señalado que las participaciones municipales son recursos establecidos en la legislación y que su entrega no depende de decisiones discrecionales, por lo que cualquier retraso puede afectar la operación cotidiana de los gobiernos locales.
En el documento entregado al Gobierno estatal, los alcaldes solicitaron que la Tesorería estatal, independientemente de quién ocupe su titularidad, realice de inmediato las transferencias pendientes.
Asimismo, precisaron que los montos presentados son preliminares, ya que otros municipios continúan integrando la información sobre los recursos que, aseguran, también les adeuda el Estado.
Los ediles coincidieron en que esperan una respuesta pronta por parte del Gobierno estatal para evitar que el conflicto continúe escalando y afecte aún más la prestación de servicios públicos en los municipios.
Alcaldes: conflicto por recursos no es nuevo
La exigencia de los alcaldes se da en medio de un conflicto que desde hace varios años mantienen los municipios y el Gobierno de Nuevo León por la entrega de participaciones y recursos estatales.
Desde 2023, diversos ayuntamientos han denunciado retrasos en la transferencia de fondos que, aseguran, les corresponden por ley, entre ellos participaciones derivadas del refrendo vehicular, multas, derechos y otros ingresos estatales.
Los municipios han sostenido que estas retenciones afectan directamente la prestación de servicios públicos como seguridad, recolección de basura, mantenimiento de vialidades, alumbrado público y obra municipal.
En distintos momentos, alcaldes metropolitanos y rurales han recurrido a exhortos, controversias legales y mesas de negociación para exigir la liberación de los recursos, mientras que el Gobierno estatal ha argumentado que algunos pagos dependen de la disponibilidad financiera y de procesos administrativos.
Con la nueva exigencia presentada este lunes, los ediles advirtieron que, si no se regularizan las transferencias, podrían iniciar procedimientos administrativos, financieros e incluso penales contra los funcionarios responsables de retener los recursos municipales.
Te puede interesar: Caso Mónica Briseth: así ocurrieron los hechos
Redacción/El Nacional
